Radiografía de los acuerdos del PSOE con ERC y Junts: similitudes y diferencias

Carles Puigdemont proclamó, lanzando un dardo a ERC, que se acabó el "'a cambio de nada"' tras rubricar el pacto con el PSOE. Y los republicanos, que públicamente dan la bienvenida a Junts al terreno de la negociación con los socialistas, ironizan entre bambalinas con que el "cobrar por adelantado" que abanderó el expresident ha desaparecido de un plumazo. La eterna pugna entre los dos partidos independentistas, que amenaza con ir 'in crescendo' a medida que se acerquen las elecciones catalanas, se traslada también ahora en qué y cómo acuerda cada uno con Pedro Sánchez, situación con la que el presidente tendrá que lidiar durante toda la legislatura.

De partida, los acuerdos sellados para la investidura, pese a que distan en su estructura, extensión y retórica, no son contradictorios -una de las dificultades que debía tener en cuenta el PSOE- e incluso son complementarios en la mayoría de las carpetas abordadas. A continuación, la comparativa entre lo que han pacto unos y otros.

La ley de amnistía

La ley de amnistía es la piedra angular de ambos acuerdos y la gran concesión que hace Sánchez al independentismo para poder ser presidente. Aunque el texto definitivo está aún por ver y tiene el gran hándicap de quedar a expensas de la interpretación de los tribunales. ERC presume de haber logrado incluir causas como la de Tsunami Democràtic y la de los CDR acusados de terrorismo además de las que tienen que ver con la organización y defensa del 9-N y del 1-O. Junts, sin embargo, tiene entre ceja y ceja minimizar el margen de interpretación que hagan los jueces de la ley y que en esta sean incluidas casos de 'lawfare', es decir, la utilización deliberada del poder judicial para ir en contra de quien se considera rival o disidente político.

Este fue el escollo por el que se alargó la entente una semana más de lo previsto, con causas como la de Volhov o la que afecta al exconseller Miquel Buch encima de la mesa. Finalmente, el acuerdo del PSOE con Puigdemont incluye por escrito el concepto de 'lawfare', cosa que implica por parte de los socialistas la aceptación de su posible existencia. Aunque no está previsto que se incluya en la ley y externaliza a las conclusiones de las comisiones de investigación puestas en marcha en el Congreso y, por lo tanto, a la mayoría parlamentaria, si hay casos que puedan atribuirse a ese concepto.

El mediador

La presencia de un mediador para verificar el cumplimiento del pacto era una de las condiciones 'sine qua non' que puso Puigdemont para dar su sí a Sánchez. Ha sido otra de las cesiones que ha hecho el PSOE tanto a Junts como a ERC y que los socialistas han justificado en la desconfianza existente entre las partes. La diferencia está en que el expresident ha arrancado que el designado sea alguien de la esfera internacional. Sobre el papel, con los posconvergentes se ha acordado un "mecanismo internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue entre los dos partidos".

Y, con los republicanos, lo rubricado es que en el marco de la mesa entre partidos -no en la de diálogo entre Moncloa y Generalitat- se cree un "mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue". Se designará, especifican, una "persona de reconocido prestigio" para realizar esta función.

El referéndum y el reconocimiento de Catalunya

Pese a que la derecha y la extrema derecha lo han denunciado con vehemencia, ni ERC ni Junts han pactado un referéndum con Sánchez. Tampoco el reconocimiento de la legalidad del 1-O. Sí que ante ambos los socialistas reconocen la existencia de un conflicto político, concepto que ya ha asumido el Gobierno en otras ocasiones: tanto en la cumbre de Pedralbes que por parte del Govern lideró Quim Torra en 2018 como en el pacto de investidura que selló ERC hace tres años. Lo que sí logra Junts en su acuerdo es que el PSOE acepte "desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes", referencia a la que se acoge Jordi Turull para marcar distancias con los de Oriol Junqueras.

En el texto de lo acordado entre socialistas y los republicanos se incluye "la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía", cosa que significa que se someta a votación lo que eventualmente se pacte en la mesa entre gobiernos. Es en ese espacio donde Aragonès piensa insistir en la celebración del referéndum, mientras que los socialistas, en todo caso, ciñen la votación a un nuevo Estatut. El 1-O, se especifica, fue "anulado por el TC", aunque se admite que en los momentos álgidos del 'procés' "convivieron distintas legitimidades" y "diferentes concepciones de soberanía" entre la parte catalana y la estatal.

A su vez, lo que hace el texto firmado por socialistas y posconvergentes es constatar la discrepancia entre ambos sobre el 1-O: "Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".

También se establece que en la reunión entre ambos partidos que se celebrará en noviembre "Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución" y, el PSOE, "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006". Para los socialistas, esa mención a la Constitución supone que Junts apuesta por la "seguridad jurídica" y aparca la vía unilateral.

La financiación

Para ERC era clave en el pacto lograr cesiones que pueda capitalizar el Govern de Pere Aragonès, del que decidió salir Junts hace un año. En materia económica, los republicanos han logrado que se perdone el 20% de la deuda del FLA, lo que suponen 15.000 millones de euros, además del ahorro de 1.300 millones en concepto de intereses. Se trata de un mecanismo que no será exclusivo, ya que se hará extensivo al resto de autonomías. También han acordado un diálogo con carácter bilateral que arrancará en el primer trimestre de 2024 para abordar la reforma de una financiación de Catalunya que se considera "insuficiente", así como 1.600 millones más para el despliegue de los Mossos hasta 2030 y 150 millones para impulsar la investigación científica.

El texto sellado con Junts es más inconcreto. En la línea de dejar constancia de las discrepancias, establecen que los de Carles Puigdemont "propondrán de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya" y que se facilite a la Generalitat "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". Sin embargo, el PSOE deja claro que su propuesta pasará por un "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación", en la línea de lo hablado también con ERC, y se recoge el compromiso de trabajar en un plan para "facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación" en los últimos años.

Las competencias

Sin duda, uno de los buques insignia de ERC en la negociación con el PSOE ha sido amarrar el "traspaso integral" de Rodalies, cuya complejidad es evidente desde el momento en que no se fija fecha concreta para culminarse la transferencia ni la concreción de los recursos a traspasar más allá de 500 millones para el año que viene, así como la asunción de que habrá tramos de vías, sobre todo de mercancías, que quedarán bajo batuta estatal. Se trata, sin embargo, un hito altamente reivindicado por la Generalitat que ERC equipara al del traspaso para crear el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Junts no solo no ha entrado tanto en el terreno competencial -sobre todo porque no está en el Govern para capitalizar esos logros- sino que además ha desdeñado con acritud lo pactado por ERC sobre la red ferroviaria. Lo hizo el propio Puigdemont al explicar su acuerdo el pasado jueves en una comparecencia sin preguntas. Junts, por su parte, ha conseguido que el PSOE se comprometa a la "participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio".

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