Frente común de Aragonès e Illa ante las amenazas de la extrema derecha de Vox

"Ha traicionado a los catalanes. Pagarán por ello. Usted [Salvador Illa] y el señor Aragonès. Vamos a defender el legado de nuestros abuelos". La frase pronunciada por el líder de Vox, Ignacio Garriga, con la intención de trasladar al hemiciclo del Parlament la tensión que promueve la extrema derecha en la calle contra la ley de amnistía, ha sido considerada una amenaza en toda regla tanto por el president de la Generalitat como por el líder del PSC, además de la peineta que le ha propinado la líder de En Comú Podem en la institución, Jéssica Albiach. La escalada de decibelios ha sido tal, que Aragonès y el jefe de la oposición han hecho un frente común para condenar los disturbios de ultras frente a las sedes socialistas.

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El president ha emplazado a todos los grupos a "no aceptar amenazas" de ningún tipo, además de advertir que si el discurso de Garriga se hubiera hecho en la calle sería el del "anuncio de un golpe de Estado". E Illa, que no ha escondido su enojo, ha agradecido el apoyo explícito tanto de ERC como de los Comuns y ha emplazado a todos los grupos a ser "claros y explícitos en la condena" a los ataques de extrema derecha. El líder del PSC ha defendido que es compatible defender cualquier proyecto político, pero hacerlo desde el "respeto y la educación" y no traspasando "líneas rojas" contra la convivencia, como está sucediendo en estos momentos.

Con el pacto ya sellado entre socialistas y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y con las negociaciones aún en marcha en Bruselas entre el PSOE y Junts como telón de fondo, ambas partes han exhibido voluntad de cooperación también con los presupuestos de 2024, aunque los socialistas catalanes han advertido de que antes tocará hacer balance del grado de cumplimiento de los de 2023. El buen tono se ha mantenido también entre republicanos y posconvergentes, que han compartido la "banalización" del delito de terrorismo que está haciendo la cúpula judicial en la causa de Tsunami Democràtic a modo de "persecución" contra dirigentes como Carles Puigdemont o Marta Rovira.

De la "segunda parte del 'procés'" a la "transición 2.0"

Sin embargo, Junts ha esquivado hacer referencia alguna a las protestas ultras que tienen a los socialistas como objetivo en Madrid, como también lo ha hecho el PP, que se ha centrado en ser crítico con las negociaciones de la ley de amnistía, aunque con un tono mucho menos incendiario que Vox. Alejandro Fernández ha augurado que su aprobación traerá una "segunda parte del 'procés'", pero esta vez a escala estatal, aunque ha avisado a los independentistas que no se saldrán "con la suya". Fernández ha tachado a Pedro Sánchez de ser un "presidente arrodillado" y a Salvador Illa de ser "calcadito" al líder del PSOE. En un sentido similar se ha expresado desde Ciutadans Carlos Carrizosa, que ha asegurado que la amnistía solo "premia a los que se saltan la ley por la república" y que con ella solo "gana la casta de los intocables".

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Críticos también con el pacto entre ERC y el PSOE, aunque por motivos diametralmente contrarios, se han significado desde la CUP. La diputada Laia Estrada ha acusado al president Aragonès de haber acordado con el PSOE una "transición 2.0", al no vincular la amnistía con la autodeterminación, y de haber "renunciado" directamente a la independencia. El jefe del ejecutivo, en su réplica, ha asegurado estar "satisfecho" con el acuerdo, a pesar de reconocer que en cualquier negociación, el resultado nunca es un "10 a cero". Así, ha negado que se haya renunciado a la independencia y ha vuelto a sacar pecho de la vía del acuerdo de claridad, que presenta como la base para abordar el referéndum en la mesa de diálogo con el Gobierno.