El Supremo convoca una vista para enero para resolver un recurso de Ponsatí contra su arresto en Barcelona

Con todo el país pendiente del acuerdo entre el PSOE y Junts para concretar la ley de amnistía que se presume inminente, el Tribunal Supremo ha convocado una vista para el próximo 10 de enero en la que revisará el recurso presentado por la eurodiputada huida de la justicia española, Clara Ponsatí, contra su arresto en Barcelona y su posterior puesta en libertad.

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Como durante todo el procedimiento judicial, pese a estar declarada en rebeldía, por haber huido de España, su abogado, Gonzalo Boye, recurrió la decisión del juez de guardia de Barcelona, pese a serle favorable, al entender que el Tribunal Supremo no es competente para procesarla por un delito, que tras la derogación de la sedición se redujo a una mera desobediencia, y por gozar de inmunidad por ser eurodiputada.

Muy consciente de que la acusación por desobediencia impide que ingrese en prisión, la consellera regresó el pasado 28 de marzo a Barcelona sin comparecer antes en el Tribunal Supremo para regularizar su situación, como habían hecho quienes estaban en su misma situación: Meritxell Serret y Anna Gabriel.

Ello obligó a detener a Ponsatí para conducirla al juzgado de guardia, donde se regularizó su situación y se le comunicó su citación en el Supremo para el siguiente 24 de abril. Como tampoco se presentó, tuvo que ser detenida de nuevo en su siguiente visita a España. En los juzgados barceloneses se le dio la oportunidad de prestar declaración indagatoria, diligencia imprescindible para poder dar por concluido el sumario instruido en su contra por su responsabilidad en el procés.

Ponsatí recurrió en primer lugar la decisión del instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que fue quien dictó el auto por exhorto, cuando fue detenida al regresar a España sin haber regularizado su decisión judicial en reforma, por lo que debe ser resuelto por el propio magistrado. Llarena rechazó la impugnación y la eurodiputada recurrió en apelación, que será el que resuelva la Sala compuesta por Susana Polo, Vicente Magro y Eduardo de Porres en enero si antes no se produce la amnistía.