APM
Jueces conservadores dicen que la amnistía es "el principio del fin de nuestra democracia"
Vocales conservadores intentan forzar que el CGPJ se pronuncie contra la amnistía
El juicio del Tribunal de Cuentas a Puigdemont, en el aire por la inminente ley de amnistía
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de sensibilidad conservadora, ha hecho público un comunicado durísimo contra la inminente ley de amnistía, norma que considera que supone "el principio del fin de nuestra democracia", al "romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho".
La APM, que se suma así al intento de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial de forzar que el pleno del órgano muestre su preocupación por la ley de amnistía, sostiene llevar mucho tiempo "alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho", a través de "una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes". En este sentido, entiende la amnistía "un paso más" en esa dirección.
"Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo. Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos", argumenta, para añadir: "Quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes".
"Inaceptable e inasumible"
La asociación dice no pronunciarse sobre que la reforma se esté pactando entre el Gobierno en funciones "con los máximos responsables de los delitos" que serán amnistiados, porque no les corresponde "valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos", pero sí señalar que una norma legal "que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena".
Para los jueces conservadores la amnistía "vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente" por "la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio (en referencia al terrorismo de ETA), o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad".
El comunicado termina de forma categórica expresando el "más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-", que, en su opinión, consiste en "anular al Poder Judicial, último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".
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