Junts intenta poner coto a las declaraciones de Magda Oranich sobre Laura Borràs

Más allá de las negociaciones de investidura con el PSOE, Junts tiene cuentas pendientes a nivel interno entre las distintas sensibilidades del partido. Una de ellas tiene que ver con la figura de la presidenta de la formación, Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental a cuatro años y medio de cárcel. Este lunes la ejecutiva ha aprobado un reglamento interno que, en la práctica, intenta tapar la boca a la comisión de garantías del partido, en la que figura la abogada Magda Oranich, quien afirmó públicamente que si ella estuviera en la piel de Borràs habría dado un paso a un lado.

Esas declaraciones públicas generaron un profundo malestar en el sector más afín a Borràs. Reclamaron tomar medidas y mostraron su indignación porque creían que Oranich se había extralimitado por esta frase: "Si fuera yo, dimitiría del Parlament por dignidad". Lo dijo cuando Borràs todavía ocupaba la presidencia de la institución, de la que fue despojada por un acuerdo del máximo órgano del Parlament, la Mesa de la Cámara.

Este malestar seguía presente y tiene que ver con el funcionamiento de la comisión de garantías, que preside Oranich, y que es el organismo que tiene que decidir qué hacer cuando un militante vulnera los estatutos. Borràs se blindó al incluir en las reglas de JxCat que no habrá sanción a quien sea condenado si esta condena tiene que ver con lo que Junts considere persecución represiva del Estado o "lawfare".

Este lunes la ejecutiva de Junts ha debatido el reglamento de la comisión de garantías. Una cuestión muy técnica e interna, que todos los partidos regulan (cómo sancionar las conductas inadecuadas de sus asociados), pero hay una frase final definitiva: "Los miembros de la comisión de garantías se abstendrán de hacer declaraciones públicas relacionadas con cualquier cuestión tratada por este órgano, con la finalidad de preservar la neutralidad y la imagen pública del partido". Dicho de otro modo: Oranich ha de callar. La abogada ha denunciado públicamente que Borràs la ha presionado para que su posición sobre la condena del TSJC por delitos vinculados a la corrupción no sea objeto de un expediente interno en JxCat y para que se abstenga de tomar partido públicamente.

Oranich lo volvería a hacer

Fuentes cercanas a Oranich han asegurado que la responsable de la comisión de garantías no se da por aludida por esta exigencia de silencio en las declaraciones porque cuando se manifestó sobre la situación de Borràs no lo hizo en relación con ningún informe interno de la comisión, sino que emitió un juicio sobre una cuestión de actualidad. Y, según estas fuentes, Oranich lo volvería a hacer, volvería a emitir su opinión. De hecho, la veterana abogada ya ha denunciado públicamente que la presidenta del partido le exigió a gritos que la obedeciera con relación a un informe de la comisión relacionado con el 'caso Dalmases' (el dirigente del partido, fiel a Borràs, que abroncó y agarró a una periodista de TV-3).

La dirección elude cualquier sanción

De hecho, este lunes la dirección de Junts ha dado la razón a Oranich respecto a una petición de una militante, Montserrat Parra, que le llegó a exigir 5 años de expulsión del partido por las citadas declaraciones, por faltas "graves". Esa petición fue rechazada por la comisión que preside Oranich, pero uno de los integrantes de esta comisión, Héctor López Bofill, emitió un voto particular que ha obligado a la dirección de Junts a tomar partidos. Y lo ha hecho, como la comisión, contra cualquier sanción a Oranich, que atesora una larga trayectoria como abogada en defensa de los derechos y libertades desde la dictadura.

La dirección ha avalado otros cuatro expedientes de la comisión de garantías, incluido el que hizo referencia al militante Rai López. Todo ello guarda relación a la vida interna del partido y a la discrepancia entre distintas sensibilidades está hoy por hoy congelado en beneficio de las negociaciones que lidera personalmente el 'expresident' Carles Puigdemont sobre la investidura de Pedro Sánchez para repetir como presidente del Gobierno.

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