Sánchez quiere frenar la competencia fiscal entre regiones a través de la nueva financiación autonómica

El Gobierno quiere poner freno a la carrera entre varias regiones gobernadas por el PP para suprimir el impuesto de sucesiones. Una “espiral en la que no se puede entrar”, según afirman fuentes de la cúpula del ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Frente a esta situación, fuentes de la Moncloa avanzan que quieren vincular la “armonización fiscal” a una futura reforma del sistema de financiación autonómica. Tanto PSOE como Sumar apuestan por incluir una propuesta de nuevo modelo de financiación en su programa de coalición, pero desde el departamento de Hacienda aseguran que no se realizará ningún cambio que no se pacte con el PP.

La falta de consenso dentro de los dos grandes partidos es precisamente el elemento que ya impidió llegar a un acuerdo en la pasada legislatura. Ahora, con hasta once comunidades presididas por los populares, los socialistas quieren poner ante el espejo las “diferencias internas” de los populares. “Si se impone el modelo [Isabel Díaz] Ayuso o el modelo [Juanma Moreno] Bonilla”, apuntan desde el departamento de Hacienda. Aunque las mismas fuentes reconocen que “ahora las comunidades autónomas están en posiciones de máximos”, ponen el foco en Madrid como origen del 'dumping' fiscal. La armonización fiscal fue uno de los pocos puntos para la reforma que compartían todos los barones socialistas en la pasada legislatura, ya que sobre el método de cálculo manifestaron las diferencias clásicas entre las comunidades más poblaciones y las que tienen una demografía más reducida y dispersa.

El PSOE ya llevó en su programa electoral el compromiso de poner coto a la “competencia fiscal desleal” entre comunidades. Asimismo, se apostaba por avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios". La armonización fiscal como medida para luchar contra las bonificaciones en impuestos como el de patrimonio en Madrid y Andalucía. Entonces, todavía no habían iniciado el proceso de supresión otras comunidades a las que el PP accedió al poder tras las pasadas elecciones autonómicas, como Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias.

No se trata de un debate nuevo en el PSOE. Los socialistas ya lo agitaron a nivel programático de cara a los comicios regionales. El programa marco ratificado por el Comité Federal fijó el compromiso de combatir el 'dumping' fiscal "garantizando un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que vivan o actúen". Todo ello con el objetivo de "lograr un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas sobre los impuestos de forma que la fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas". Antes de ello, en el último congreso del PSOE, las federaciones socialistas de Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares promovieron una reforma para equiparar impuestos de las comunidades. 

En las últimas semanas, la “espiral” a la que se refieren en el Gobierno, sin esconder su “preocupación”, tiene su reflejo en el arrope de Génova para extender la competencia fiscal entre regiones. De hecho, los populares harán valer su mayoría absoluta en el Senado para tramitar una proposición de ley que plantea la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones a nivel nacional. En su propuesta se reclama una compensación, por lo que dejarían de recaudar las comunidades autonómicas, a través de correcciones y ajustes en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómica.

Todo lo contrario a lo que proponen desde la Moncloa y que quieren poner sobre la mesa “cuando se aborde el debate” de la nueva financiación. La confrontación modelos entre los dos grandes partidos es evidente y, más allá de las diferencias internas en el seno de cada formación, vuelve a dificultar la posibilidad de una reforma consensuada del sistema de financiación de salir adelante esta legislatura.

En materia de fiscalidad, Sumar apuesta por una reforma en profundidad y progresiva, mientras que el programa de los socialistas compaginaba de una forma un tanto contradictoria la lectura de que "es necesario hacer cambios estructurales en el sistema tributario para avanzar hacia una sociedad más justa" con la máxima de "incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos". Sí se valora, como demandan desde el partido de Yolanda Díaz en las negociaciones para pactar un ejecutivo de coalición, prorrogar los impuestos a la banca y a las energéticas en caso de que se mantengan los beneficios extraordinarios de las empresas.

CCOO y UGT reclaman "corresponsabilidad fiscal"

Los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, aprovecharon su reunión con Pedro Sánchez este lunes en Ferraz, en el marco de la ronda de contactos para la investidura, la necesidad de ligar el debate territorial a una “revisión ambiciosa de la política fiscal”. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo alertaron sobre la “dinámica” de varias regiones respecto a la “rebaja sistemática de impuestos” para contraponerla a una mayor “corresponsabilidad fiscal”.

El secretario general de UGT, en rueda de prensa desde Ferraz junto a su homólogo de CCOO, abogó directamente por incluir la financiación autonómica en el debate territorial desde la perspectiva de aumentar la recaudación fiscal, en lugar de rebajarla, para equipararla a la media de la Unión Europea. “Tiene poco sentido que las comunidades que hacen 'dumping' fiscal luego se rasguen las vestiduras diciendo que no tienen medios para atender los servicios públicos”, reprochó para extender el debate no solo al ámbito del Estado, “sino también al de las Comunidades Autónomas”.

El objetivo de los socialistas pasa por ampliar los apoyos a la investidura fuera del Congreso y este lunes las dos grandes centrales sindicales han avalado la necesidad de "continuar avanzando por este camino para mejorar la convivencia en el conjunto del Estado", en referencia al proceso de desjudicialización iniciado con los indultos. Las soluciones, según matizó Unai Sordo "no pasan por una visión punitivista ni penalista", sino que "hacen falta medidas que aborden la normalización de la vida política en Cataluña". Asimismo, el líder de UGT, Pepe Álvarez, insistió en la necesidad de un programa de gobierno que desarrolle una "agenda social" como principal vector.