Cámara catalana

El Parlament exige que el catalán sea vehicular en todas las escuelas "sin excepciones"

La batalla judicial contra el catalán en las aulas planea sobre el nuevo curso escolar

Roger Torrent, Marta Vilalta y Pere Aragonès este viernes en el pleno del Parlament.

Roger Torrent, Marta Vilalta y Pere Aragonès este viernes en el pleno del Parlament. / Jordi Borràs / ACN

Carlota Camps

Carlota Camps

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El Parlament ha aprobado este jueves una nueva moción en favor del modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana. El texto, presentado por la CUP y que ha recibido el apoyo de ERC, Junts y los Comuns; insta al Govern a "implantar la metodología de la inmersión lingüística y la vehicularidad del catalán en todos los centros educativos, sin excepciones", en referencia a los centros donde hay sentencias judiciales contrarias al modelo de la Generalitat.

Esta parte del redactado no ha recibido el apoyo del PSC, aunque los socialistas han apoyado la moción 'cupaire' en otro punto, en el que se pide que "la lengua común y compartida por toda la comunidad educativa, y lengua vehicular en todos los espacios y las actividades del ámbito escolar y extraescolar" sea el catalán, a fin de "establecer y garantizar generacionalmente el uso social del catalán".

En cambio, se ha rechazado el apartado en el que la CUP pedía un "proyecto lingüístico compartido para todos los centros", porque, según han argumentado el resto de grupos, no se puede homogeneizar, sino adaptar a la realidad de cada escuela y se debe respetar la autonomía de centro.

Ciutadans, PP y la extrema derecha de Vox han votado en contra de todos los puntos y han defendido su modelo de bilingüismo en el pleno.

La moción se ha aprobado un mes después del inicio del curso, que empezó un año más con la mirada puesta al Tribunal Constitucional (TC), que tienen encima de la mesa decidir sobre los recursos presentados por PP y Cs contra el decreto ley de la Generalitat que buscaba esquivar la obligación de impartir un 25% de materias en castellano impuesta por el TSJC. Una norma que, en su momento, recibió del apoyo de PSC, ERC, Junts y los Comuns. La CUP se posicionó en contra.

A la espera de este recurso, el pasado mes de julio el TSJC se volvió a pronunciar sobre casos concretos y tachó la norma catalana de "inconstitucional". Algo que no conduce al optimismo de los partidos que la apoyaron, a pesar de que el 'president' Pere Aragonès acusó al tribunal catalán de extralimitarse en sus funciones y ya aseguró que el Govern no modificará su política lingüística.