Ante consultas de magistrados

La Comisión de Ética Judicial recomienda a los jueces no ir a mítines ni a manifestaciones

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Ángeles Vázquez

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La Comisión de Ética Judicial, formada por seis jueces y magistrados elegidos por sus compañeros, ha emitido dos informes en los que recomienda a los integrantes de la carrera judicial no asistir a mítines de partidos políticos y, cuando se trate de manifestaciones, sopesar antes de acudir a una de ellas cuál sería la percepción pública, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los informes se han elaborado a partir de las consultas de los propios jueces, pese a que la advertencia realizada parece de sentido común teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe a jueces y magistrados afiliarse a partidos políticos o sindicatos y se está en un momento en que las campañas electorales parecen sucederse una a otra.

La Comisión explica que los jueces, como cualquier otro ciudadano, disfrutan del derecho fundamental de asistir a una manifestación pero, como ocurre con otros derechos, con ciertas limitaciones que son consecuencia “del deber ético que incide en su vida no estrictamente profesional de evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”, lo que debe llevarle a actuar “con moderación y prudencia”.

En este sentido, señala que su presencia en una manifestación “puede ser posteriormente analizada y publicitada, incluso en la cobertura de prensa o en las redes sociales”, por lo que recomienda valorar, con carácter previo, “cuál podría ser la percepción pública de su asistencia”. El dictamen distingue entre las manifestaciones convocadas “con ocasión de amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y en defensa de las mismas, alejadas de la lucha partidista”, que merecerán un juicio ético positivo, de aquellas que sí son partidistas.

Se recomienda evitar aquellas en las que la participación del juez puede poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la justicia, porque están vinculadas directa o indirectamente con un caso que está ante los tribunales o que puedan llegar a presentarse; aquellas en las que la asistencia puede ser percibida como una toma de posición política o que pueden colisionar con el desempeño correcto de las funciones judiciales. La Comisión concluye que “el juez debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial”.

Ningún mitin político

En un segundo dictamen, la Comisión desaconseja, desde el punto de vista de los principios de ética judicial, la asistencia de los jueces, en su condición de ciudadanos, a los mítines organizados por partidos políticos, pues pueden verse conculcados “los principios de independencia, imparcialidad e integridad y supone una fuerte afectación de la percepción de los ciudadanos sobre la independencia e imparcialidad de la Administración de Justicia”.

La Comisión razona que los mítines políticos son “actos de propaganda y marketing” que los partidos políticos utilizan para “difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar sus estrategias de campaña electoral”; que su repercusión depende de la presencia de los medios de comunicación y de la difusión que éstos hagan de su contenido, y que la asistencia a un mitin de un partido político “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”.

Desde la perspectiva de un observador razonable, añade la Comisión, “la presencia de un juez en un mitin de un partido político supone una afectación a la apariencia de independencia, integridad e imparcialidad, en cuanto lleva a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que impregna los principios de ética judicial. Ello contribuiría a “la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales”.