Pacto entre ERC y PSC para las diputaciones de Tarragona y Lleida

ERC y PSC han alcanzado un acuerdo para las diputaciones de Tarragona y Lleida durante los cuatro próximos años, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Según fuentes de la negociación, la presidencia recaerá en manos republicanas. En la diputación tarraconense, ERC cuenta con 9 diputados provinciales, por los 8 de socialistas y también de posconvergentes. En Lleida, el liderazgo recae en Junts (con 10), al que siguen los republicanos, con 8, y el PSC, con 4. Es decir, en ambos casos el acuerdo entre fuerzas independentistas era más que posible, pero las malas relaciones entre ERC y JxCat han prevalecido sobre las llamadas a la unidad de los propios actores implicados.

Solo en la Diputación de Girona se visualizará esa pretendida unión, merced al acuerdo que ambos partidos independentistas alcanzaron con rapidez tras las elecciones para revalidar el pacto de 2019, por el que la presidencia recae en los posconvergentes.

En lo que a la 'joya de la corona' se refiere, es decir, la Diputación de Barcelona, el PSC (con 17 diputados provinciales) puede elegir entre repetir el pacto de 2019 con Junts (12) o bien, siguiendo la estela de Tarragona y Lleida, hacerlo con los republicanos (11). En ambos casos, la suma superaría los 26 escaños donde está fijada la mayoría absoluta. En cambio, el apoyo solitario de los Comuns (5 asientos en el histórico edificio de Can Serra) no le bastaría a los socialistas, para una elección en primera ronda.

Doble versión

Según Junts, los posconvergentes ofrecieron a los republicanos repartirse las diputaciones de Tarragona y Lleida, con dos años de presidencia para cada fuerza. Los republicanos niegan que la propuesta fuera de los posconvergentes y señalan que, después de la reunión en Ginebra, entre los secretarios generales de unos y otros, Marta Rovira y Jordi Turull, en donde ERC abogó por pactos entre independentistas, "solo recibimos pactos a traición de Junts, como en Roses, y avanzadas conversaciones con el PSC para repartirse la diputación de Tarragona". Ante esta situación, apunta una voz de Esquerra, su partido "empezó a hacer política".

Propuestas cruzadas

Esta fuente asevera que a Junts "se les ofreció el voto mutuo, en Lleida y Tarragona", que hubiera derivado en que los republicanos se hubieran quedado con la presidencia de la administración tarraconense y, los posconvergentes, con la leridana, "pero dijeron que no". No fue la única propuesta, según ERC: "En Ginebra se les ofreció dos años para cada uno en cada una de las dos diputaciones [la propuesta que Junts afirma que es suya] y también dijeron que no".

ADN 'municipalista'

En el caso de Tarragona, los socialistas han destacado en un comunicado que se trata de un acuerdo con un "marcado ADN municipalista" entre las dos formaciones más votadas en las comarcas tarraconenses y se comprometen a "blindarse de dinámicas políticas de ámbito nacional", en las que explicitan que mantienen posiciones "discrepantes". Entre la docena de acuerdos concretos, está el desarrollo de las áreas metropolitanas como la del Camp de Tarragona, acciones para el repoblar zonas rurales, fomentar la reindustrialización de la demarcación o apostar por un modelo de turismo responsable.

La semana pasada, fuentes socialistas aseguraban que inicialmente tenían un acuerdo encarrilado con Junts a nivel local, pero que los posconvergentes estaban a la espera del visto bueno de la dirección nacional del partido. En concreto, aseguraban, "de Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont.

Con Unitat d'Aran y Pacte Local

La repoblación de las zonas del Pirineu y Aran está también en el corpus de la entente sellada en la Diputación de Lleida, donde socialistas y republicanos, junto con Unitat d’Aran y Pacte Local, suman 13 representantes. Todas las partes se comprometen a continuar con la línea del anterior mandato de eliminar “las ayudas directas discrecionales” del repartimiento de fondos a los municipios para que se haga bajo criterios objetivables y de reconocer la autonomía de los municipios a la hora de escoger la destinación de las inversiones, además de aplicar “discriminación positiva” en favor de los municipios con riesgo de despoblación. También se incluye la defensa tanto de la “nación catalana” como de las lenguas catalanas y aranesas.

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