Plataforma per la Llengua denuncia al Estado por ciberespionaje

Plataforma per la Llengua se ha querellado contra el Estado por ciberespionaje con un programa de la misma naturaleza que Pegasus. Así lo ha hecho público la entidad, que ha concretado que la denuncia ha sido presentada ante la justicia en Bélgica, que la ha admitido a trámite -primer paso para que empiece la investigación-, porque algunos de los teléfonos afectados fueron espiados en este país. La organización lamenta que se haya cometido una "vulneración de derechos individuales" de las personas que voluntariamente se implican en la defensa del catalán. "Se constata que la lengua continúa siendo uno de los principales caballos de batalla del Estado español", han advertido.

En la querella, la primera de estas características que se presenta en Bruselas, Plataforma per la Llengua especifica que fueron espiados cinco teléfonos móviles -todos los que revisaron- de miembros de la ejecutiva de la entidad, algunos de ellos residentes en Bélgica, y que pudieron comprobarlo mediante un peritaje encargado en verano del año pasado que determinó que el número de teléfono del dispositivo responsable de la infección es español y que se trata de un programa que solo puede ser adquirido por Estados. Según Josep Jover, abogado especializado en derecho de la UE, se han hallado rastros tanto de los programas Pegasus como de Predator que se remontan a 2021. Por ese motivo, decidieron acudir a la justicia belga, también con la vocación de conseguir una investigación "independiente" fuera del Estado.

Con este espionaje, se habría accedido a datos y documentación personal de los espiados, así como a correos electrónicos y mensajería instantánea. Dos de los afectados son el presidente de la entidad, Òscar Escuder, y la directora, Rut Carandell. "Todo lo que hacemos es público. No hacemos nada que sea ilegal. No sabemos qué pretendían encontrar", ha asegurado Escuder, mientras que Carandell ha recordado que cada uno de ellos se dedican a sus respectivos ámbitos profesionales.

Identificar quién hay detrás

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La organización, que cuenta con más de 25.000 socios y 30 años de trayectoria, pide específicamente dos cosas en la querella. La primera, que se identifique el responsable de haber infectado los teléfonos. "Demandamos al Estado, pero sabemos que quien comete los delitos son funcionarios concretos", ha insistido Escuder. Y la otra, que el organismo europeo competente, en este caso la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), averigüe si el Estado se ha ceñido a la legalidad para investigar móviles en Bélgica o bien si se la ha saltado. Jover, que ha apuntado directamente al 'deep state', ha incidido en que no solo se puede haber vulnerado la legislación belga, sino también la europea.

Este es un capítulo más que se suma a la polémica por el espionaje político a dirigentes, activistas y abogados que el independentismo lleva denunciando desde hace más de un año tanto en instancias judiciales como europeas y que recientemente ha supuesto que desde la Eurocámara se le haya reclamado a España que se comprometa a una investigación "plena". Plataforma per la Llengua ha explicado que no se han puesto en contacto con los abogados de los dirigentes políticos que llevan los distintos casos judiciales que están en marcha ni ha informado a las formaciones porque han optado por la discreción de su proceso en paralelo porque creen que los "continúan espiando".