El CGPJ ve inviable la nueva ley paritaria en el Tribunal Constitucional y el Consejo Fiscal

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el informe preparado por la vocal Pilar Sepúlveda sobre el anteproyecto de ley que pretende obligar a la paridad en órganos constitucionales y grandes empresas. El texto, adelantado por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, ve inviable su aplicación tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo Fiscal, por la forma en que se nombra a sus miembros.

El anteproyecto de la ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión prevé incluir en la ley reguladora del Constitucional que la composición del tribunal "garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un 40% de cada uno de los sexos". El informe, que destaca la tradición de normativas paritarias, que ya han sido avaladas por el propio tribunal de garantías, señala que en su caso precisamente se trata de una obligación que "no parece realizable".

Lo explica en que la Constitución establece que el alto tribunal se componga de "12 miembros nombrados por el Rey; cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

"Dado el número de miembros que podrán proponer cada uno de los órganos designados, parecería más adecuado acudir a otro porcentaje distinto al propuesto como concepto de principio de presencia equilibrada relativo a un mínimo de un 40% de cada uno de los sexos, que, en la práctica no podrá ser realizado", explica el texto, que propone que el porcentaje se fije en el 50% para cada sexo.

Miembros natos

En el caso del Consejo Fiscal el problema viene en que tiene dos tipos de miembros: los natos (el fiscal general, el jefe de la secretaría Técnica y el teniente fiscal del Supremo) y los electos. En este punto, el informe destaca que "las candidaturas que se presenten, no solo son abiertas, sino combinables entre sí, por lo que cada votante podrá ejercer su derecho, sin sujetarse necesariamente a los nombres comprendidos en una misma candidatura", siempre y cuando señale a seis candidatos.

La ley orgánica del poder judicial prevé que el Consejo esté compuesto al 50% por ambos sexos frente al 40% de la nueva norma

Esto supone que independientemente del modo de composición de la candidatura no se puede garantizar presencia equilibrada alguna, pues "cada votante podrá elegir, si lo considera, a miembros de diversas candidaturas, y en el número que considere oportuno, hasta un máximo de seis. En conclusión, la naturaleza del voto emitido por los electores y el sistema electoral que regula la elección de los vocales electivos, hacen imposible que pueda exigirse que la composición del Consejo Fiscal se ajuste imperativamente al principio de presencia equilibrada contemplado en la reforma".

Ya previsto el 50%

Otro pero que el informe pone a la ley es que la modificación prevista para la composición del propio Consejo coexistirá con la regulación actual,, que aún no ha entrado en vigor, porque el órgano de gobierno de los jueces lleva un retraso de casi cinco años en su renovación. Añade que la nueva norma "se aparta del término de presencia paritaria, que aparece en la actual redacción del artículo 567.1 de la ley orgánica del poder judicial", para ser "sustituido por el de presencia equilibrada".

El informe, que hace una mención similar respecto a las normas vascas, que ya imponen el 50% de mujeres y no el 40% como prevé el texto legal que ha sido objeto de estudio, concluye advirtiendo de que "el prelegislador debería analizar la disfunción que puede llegar a provocar la coexistencia de dos textos proyectados con un contenido diferente" de cara a la renovación del Consejo.

El pleno ha aprobado también, con el voto unánime de todos sus miembros, el informe sobre el real decreto por el que se sube el sueldo a los letrados de la administración de justicia. Donde no ha habido acuerdo ha sido en un pronunciamiento conjunto de todos sus vocales sobre el aumento de retribuciones de jueces y fiscales firmado este martes entre el Ministerio de Justicia y todas las asociaciones de ambas carreras, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.