El juez archiva la causa a David Madí por el 'caso Voloh'

En el caso de las VTC, apunta el magistrado, la nueva licencia para estos vehículos se otorgó a una empresa competidora vinculada a ERC, cuando Madí "ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera de la antigua CDC, actualmente JuntsxCat". Las gestiones del que fuera hombre de confianza de Artur Mas, recalca, debieron ser "tan deficientes" que Rafael García-Tapia, consejero delegado de Moove, presentó en el juzgado un documento por el que el empresario, a través de una representante, le exigía la cantidad de 43.650 euros, que, al parecer, se le dejó a deber "ante el fracaso" de sus gestiones. El juez añade que fue "patente" durante la declaración de este directivo que "la relación entre ellos no había terminado tal y como esperaba, ni había sido de su agrado".

Las pesquisas también han abarcado el intento de Madí, entonces presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, holding cuya empresa principal es Aguas de Valencia, para la adquisición de Aigües de Barcelona (Agbar). En este sentido, el juez argumenta que los "términos de su declaración" del máximo de Global Omnium "fueron semejantes" a los del consejero delegado de Moove y que, "a través de la consulta de registros públicos", consta que el exalto cargo de CDC fue cesado como presidente de Aigües de Catalunya, "de tal modo que la relación entre ellos terminó de la peor manera".

Los políticos

El juez relata que, "ante la debilidad constatada de la influencia de Madí", no es necesario tomar declaración "a las personalidades políticas" con las que se entrevistó, "dado que la falta de resultado positivo, ni siquiera que fuera parcial o al menos del agrado de sus clientes, revela que no pudo existir un intento ilegítimo de influir eficazmente en la voluntad de los políticos afectados". t

Su resolución precisa: "No quiere decir ello que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debieron hacer el menor caso y que tratarían su visita con una deferencia meramente protocolaria". Ese "escasísimo grado de influencia sobre los políticos", añade el magistrado, "se desprende de la fatal terminación" del excargo cargo convergente con los directivos la empresa de Movee y Aigües de Catalunya, "los cuales rompieron con él toda relación comercial".

En el auto, el juez explica que la Guardia Civil realizó seguimientos a Madí de los que se deriva su visita a diversas 'Conselleries' de la Generalitat, de las cuales varias "no consta en el registro de grupos de interés", detallando alguno de esos encuentros, tanto en Interior como en el Departament de Territori. El magistrado incide que las personas con cargo político deben estar anotadas en dicho registro, "lo cual no solía suceder con Madí". En otros casos, las anotaciones son "sumamente generales", de tal manera "que no cumplen el requisito de transparencia para el cual se dictó la legislación sobre grupo de interés".

La trama rusa

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Pero el nombre de Madí también se vio vinculado a la presunta trama rusa del 'procés' a raíz de una conversación encontrada en el teléfono de Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, y en la que este último hacía referencia a una supuesta ayuda, tanto económicas como con personal militar, por parte de Rusia a una Catalunya independiente, así como la creación de una plataforma de criptomonedas.

En su declaración ante el juez Aguirre, el empresario aseguró que no dio credibilidad a las afirmaciones del Terradellas. El magistrado sigue investigando otras derivadas de estas pesquisas, como la que afecta al 'exconseller' de ERC, Xavier Vendrell, el presunto desvío de fondos en el Consell Català de l'Esport o el 'caso Catmón' de presunta malversación de fondos de la Diputación de Barcelona.