Pedro Sánchez y su Gobierno plantan al Parlament en la investigación sobre Pegasus

Había hasta 12 comparecencias previstas este viernes en la comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje con Pegasus, pero solo se ha presentado uno de los citados: el anterior Síndic de Greuges, Rafael Ribó. El presidente Pedro Sánchez, así como varios de sus vicepresidentas y ministros han rechazado dar explicaciones ante la cámara catalana. Desde la Moncloa ya avanzaron hace dos semanas, cuando fueron citados, que no asistirían y alegaron haber rendido cuentas ya ante el Congreso y el Senado.

Concretamente, estaban citados el presidente Pedro Sánchez; las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz; los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo y la exdelegada del Gobierno en

Catalunya, Teresa Cunillera, así como el el fiscal general del Estado, Álvaro García, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el juez del Tribunal Supremo encargado de las autorizaciones de seguimientos, Pablo Lucas.

La mayoría de citados –salvo Pedro Sánchez y Álvaro García– han comunicado oficialmente a la cámara su rechazo a comparecer amparándose en dictámenes del Consejo de Estado anteriores. Según el artículo 57 del Reglamento, es obligatorio dar explicaciones en las comisiones de investigación, aunque ya en otras ocasiones el gobierno español ha evitado hacerlo amparándose en estos informes. El presidente de la comisión, Josep Maria Jové, ha agradecido la "deferencia y educación" de los que se han excusado, pero ha anunciado que los volverá a citar. 

Durante la sesión, los partidos independentistas han reprochado al gobierno español su "desprecio" a la cámara y se han quejado de lo que consideran un intento de "obstruir" la investigación. En este sentido, ha asegurado que seguirán luchando para "esclarecer lo que quieren esconder". Por su parte, los socialistas lo han negado y han reprochado a ERC, Junts y la CUP que no aceptaron comparecencias de expertos contrarios a sus tesis.

El conocido como 'Catalangate' supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y sus socios de Esquerra, y llegó a congelar el diálogo con la Generalitat durante tres meses. Además, la cuestión le ha costado a Sánchez más de una reprimenda desde el exterior, como la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se alertaba de las vulneraciones de derechos humanos o el informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo que apuntó que el Gobierno fue "probablemente" el primer cliente en la Unión Europea de Pegasus. El CNI se escudó en la ley de secretos oficiales para no responder ante la Eurocámara.

Este espionaje afectó alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo, entre ellas, políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, y múltiples abogados y activistas. 18 de ellas lo fueron con aval judicial, entre ellos el actual 'president', según acreditó en el Congreso la entonces directora del CNI, Paz Esteban.