La ONU insta al Gobierno a investigar e imponer sanciones por el espionaje con Pegasus

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado de vulneraciones de derechos humanos en el caso del espionaje con Pegasus y ha instado al Gobierno a "investigar, procesar e imponer sanciones". Así lo reclama una resolución de los relatores especiales sobre cuestiones de las minorías sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. El texto responde a un comunicado de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, enviada en nombre de los espiados republicanos y en coordinación con el resto de entidades afectadas por el 'Catalangate'.

La organización internacional ha expresado una "preocupación muy seria" por este "programa de espionaje extenso y bien coordinado" sobre activistas y figuras públicas independentistas y ha denunciado que el espionaje masivo vulneró el derecho a "reunirse pacíficamente y participar en asociaciones", a "tener vida privada y privacidad en la correspondencia" y a "ser iguales ante la ley". También considera que el uso generalizado de este tipo de software pueda aumentar la "autocensura" y que eso se traduzca en un "efecto inhibidor" sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión en Catalunya. Las Naciones Unidas remarcan una preocupación especial por el hecho que los afectados son todos "miembros de la minoría del pueblo catalán" y que "su ataque parece estar relacionado con sus actividades pacíficas en favor de la minoría catalana". "Esta focalización específica parece interferir en el derecho de los grupos minoritarios a afirmar y promover libremente su identidad, cultura y puntos de vista", sostiene. Por último, los tres relatores que la firman ven "un patrón consistente y un programa muy planificado para dirigirse a los activistas de la minoría catalana y sus seguidores".

La respuesta del Gobierno

El Gobierno apuntó que toda interceptación se hace "siguiendo los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico español" y "con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades" y recordó a la ONU que España es un "estado de derecho pleno en el que funcionan todos los sistemas de garantías internas y externas propias de una democracia avanzada de la Unión Europea". Así, argumentó que no es posible pronunciarse sobre casos que son objeto de investigación judicial pero, de todas formas, trasladó las conclusiones de la investigación del Defensor del Pueblo, en que se "verificaba" que la actuación del CNI se había hecho "de acuerdo con la Constitución y la ley".

El texto de las Naciones Unidas recoge el espionaje al 'president' del Govern, Pere Aragonès; a la 'consellera' d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret; a los exlíderes de l'ANC Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez; al abogado Andreu Van der Eynde; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al exdiputado de ERC y actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, y a los eurodiputados republicanos Jordi Solé y Diana Riba.

Al conocer los detalles de la resolución, ERC ha espetado que continuará exigiendo transparencia al Gobierno sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, con el fin de que asuma las responsabilidades pertinentes y de que garantice que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Además, Esquerra reclama que se repare a las víctimas, tal y como ha solicitado también la ONU, y que esto impulse a la Justicia a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados.