Los Mossos denuncian que la Guardia Urbana de Barcelona no permite el acceso a los datos municipales

Las actas de la mesa de coordinación operativa (MCO) entre el Cos de Mossos d'Esquadra (CME) y la Guardia Urbana (GU) recogen, según ha tenido acceso este diario, hasta 12 peticiones formales del cuerpo policial de la Generalitat de consulta de las bases de datos del Ayuntamiento de Barcelona. La primera ocasión tuvo lugar el 20 de noviembre de 2012 y, la última, el 3 de junio de 2022. Fuentes de la Conselleria de Interior reconocen que la policía catalana sigue sin tener aún acceso automatizado a los datos municipales, tales como el padrón de habitantes, los tributos municipales, las denuncias tanto de ordenanzas municipales como de tráfico, las licencias municipales, inspecciones municipales, imágenes de las cámaras de seguridad municipales, depósitos municipales, accidentes y identificaciones.

Fuentes del consistorio barcelonés acogieron con sorpresa la demanda de los Mossos por cuanto consideran que hay una "obvia" colisión con la ley de protección de datos. Según estas fuentes, "ninguna otra administración o cuerpo policial tiene acceso directo y generalizado a las bases de datos municipales". "Estas bases de datos tienen información personal y protegida de la ciudadanía y, por tanto, están sujetas a normativa específica que garantiza sus derechos", indican, y "eso no significa que no haya comunicación y que la información, concreta y circunscrita, no fluya", añaden.

Este jueves se celebra una nueva reunión de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, organismo que reúne a los cuerpos policiales y a sus direcciones políticas, bajo la presidencia de la alcaldesa, Ada Colau.

Demandas por convenio

Interior recuerda que, si bien la primera petición se hizo en 2012, las últimas 11 se han producido desde 2018 y que en estos cinco años transcurridos las instancias municipales "han ido dando largas, que se lo iban a estudiar o que se lo estaban estudiando". Según las actas del MCO, el 26 de junio de 2018 consta una petición formal de los Mossos para el acceso automatizado a los datos municipales, "en cumplimiento del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración de materia de Seguridad Pública y Policial entre Interior y el ayuntamiento del año 2005". El punto 17 de este acuerdo dice que: “El Ayuntamiento de Barcelona facilitará al CME, mediante el acuerdo correspondiente, el acceso y utilización de las bases de datos de interés policial que se determinen de acuerdo con la legislación aplicable”. 

Además, el consistorio señala que "la petición que hacen tener un acceso generalizado a las bases de datos municipales que están pidiendo no es un tema policial, debería realizarse a otras instancias municipales". Interior recuerda que interlocutor habitual de los Mossos es el cuerpo policial municipal y por ahí se vehicula la demanda.

Fax y mail

Cabe subrayar el término 'automatizada' porque el CME si puede tener entrada en la información, aunque por caminos poco acordes con los tiempos tecnológicos actuales. La policía autonómica sólo ha podido consultar los datos tras formalizar una petición primero por fax, y posteriormente, por correo electrónico, que han sido respondidas de forma manual por parte de personal de la policía municipal. Un acceso poco eficiente por el retraso temporal evidente que acarrea. Fuentes policiales aseveran que "el acceso automatizado a las bases de datos municipales es imprescindible para agilizar la labor operativa" de los Mossos. Con todo, portavoces oficiales de Interior aseveran que la relación entre los cuerpos policiales es "excelente".

Lo cierto es que esta no es la primera queja que surge de uno de esos cuerpos hacia el otro. La GUB tiene también un, entienden ellos, motivo de agravio, puesto que hace meses que reclaman que Interior autorice su conexión con el banco nacional de huellas dactilares, tal y como el ayuntamiento pactó con el Ministerio del Interior.

De hecho, sobre esta demanda y sobre el retraso de un convenio que ambos cuerpos debían firmar sobre la recogida de denuncias de violencia machista, apuntaló, en parte, la moción de reprobación al 'conseller' Joan Ignasi Elena que impulsó el PSC y que, a la postre, contó con la mayoría del Parlament. Que las jefaturas políticas de ambos cuerpos estén en manos de ERC, la Conselleria de Interior, y del PSC (en virtud del pacto de gobierno municipal que aun pervive entre los Comuns y los socialistas), la gerencia de Seguridad, convierte la relación entre los cuerpos en una pieza más del tablero político catalán.

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