Cuixart se remite a su recurso ante el TEDH, al considerar que la derogación de la sedición no le repara

Entre los condenados por su responsabilidad en el 'procés' por el Supremo hay quien no va a presentar alegaciones ante el alto tribunal sobre cómo afecta a esa sentencia la derogación de la sedición, como los que tienen responsabilidad en Junts, y quien sí, como los de ERC con su presidente, Oriol Junqueras, al frente. El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha optado por una vía intermedia: las ha presentado, pero para declarar que la reforma legislativa no le afecta y que la reparación de sus derechos solo se producirá en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.

En su escrito, de cinco páginas, el líder independentista, condenado a nueve años de cárcel por un delito de sedición -por lo que la derogación de este delito no puede sino beneficiarle-, asegura que la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez no le repara en la vulneración de derechos que sufrió con su encarcelamiento. Considera que solo lo podrá hacer el máximo garante de los derechos fundamentales de la justicia europea al que anunció que acudiría desde prácticamente el comienzo del procedimiento en España.

Señala que, "a pesar de la apertura del expediente de revisión, sigue sin reconocerse la vulneración de derechos fundamentales alegada a lo largo del procedimiento, no se repara y no se fijan garantías de no repetición. Hasta que ello no se produzca, la condena del Reino de España ante el Tribunal de Estrasburgo sigue siendo absolutamente procedente y necesaria".

En su opinión, declarar que los hechos por los que fue condenado y por los que estuvo en prisión tres años y ocho meses hasta ser indultado por el Ejecutivo "constituyen un ejercicio de un derecho fundamental, más allá del debate estricto de legalidad penal, es una necesidad democrática presente y futura en un contexto" en el que el propio Jordi Cuixart ha anunciado que 'ho tornarem a fer' (“lo volveremos a hacer”).

Derechos vulnerados

La representación de Cuixart sostiene que "la derogación del delito de sedición no implica en modo alguno un reconocimiento de que el encarcelamiento y su sucesiva condena vulneró los derechos a un juez establecido por la ley, a un tribunal imparcial e independiente, a la legalidad penal, a la libertad de reunión, a no ser objeto de detención arbitraria y a la desviación de poder".

Por eso no se molesta en argumentar si la sedición queda totalmente despenalizada, si solo puede sustituirse por un delito de desobediencia, como defendía el instructor del 'procés', Pablo Llarena, respecto al expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de huidos, o si debe castigarse ahora con los desórdenes públicos agravados, introducidos en la reforma del Gobierno, como defienden en sus recursos de reforma tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado.