El Gobierno da un toque de atención a Llarena por sus críticas a la reforma penal

Pedro Sánchez, los ministros socialistas del Gobierno y los miembros de la Ejecutiva del PSOE se ha reunido este viernes durante tres horas en la sede del partido. La cita buscaba sentar las bases del nuevo curso político, marcado por la sucesión de citas electorales: autonómicas y municipales el 28 de mayo y generales a finales de año. Los socialistas han arrancado la cuenta atrás para la primera convocatoria equiparando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el ‘expresident’ Carles Puigdemont. 

Un día después de que Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, lanzara su nueva acusación contra el dirigente independentista, que huyó a Bélgica para ser procesado por el referéndum de 2017, el PSOE ha jugado a trazar paralelismos, pero también ha lanzado reproches al juez por su auto, en el que critica la reciente reforma penal.   

“Algunos tienen nostalgia del año 2017. Pero ese momento se ha acabado. Queremos una España que reconozca la diversidad, pero donde los límites los marque la Constitución”, ha señalado desde la sede socialista la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Todos coincidimos que la situación hoy es mucho mejor que la de 2017. Y los que dicen que no es porque sienten nostalgia, porque piensan que ir a la contra, estar en una trinchera, les da mejores rendimientos electorales que buscar la convivencia”, ha insistido Montero, en referencia tanto a Feijóo como a Puigdemont, unidos, ha continuado, en su “oposición a la reforma penal” recientemente aprobada, producto de un pacto entre el PSOE y ERC. 

Un mensaje para el magistrado

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Montero, por último, también ha lanzado toque de atención a Llarena. En su auto de acusación a Puigdemont, en el que mantiene la desobediencia y la malversación pero elimina la sedición debido a que ha quedado derogada en el nuevo Código Penal, el magistrado lanza dos tesis radicalmente contrarias a las del Gobierno. Por un lado, señala que el derogado delito de sedición no contenía “imprecisiones” ni casaba mal con otras regulaciones de países europeos. Por otro, que el cambio legislativo, que sustituye este delito por uno de desórdenes públicos que Llarena no considera aplicable a Puigdemont, genera “un contexto cercano a la despenalización” para los dirigentes independentistas que aún no han sido juzgados por el referéndum celebrado en 2017.  

“No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en pronunciamientos judiciales. De la misma forma, siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación”, ha señalado la número dos del PSOE. “Siempre pensamos que la justicia debe administrar justicia y la política promover los marcos para conseguir los fines que se propone en cada caso. En este, el de la convivencia en nuestro país”, ha insistido.