Puigdemont y Llarena coinciden en esperar a Europa antes de decidir su próximo paso

En los cómics pocas veces los archienemigos esperan el mismo acontecimiento para decidir el siguiente paso que dar. Pero en la realidad, sí. Al menos es lo que harán el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que quieren conocer la decisión que adopte la justicia europea en los dos procedimientos relacionados con el 'procés' que tiene abiertos, para poner en marcha la iniciativa más acorde a sus intereses respectivos.

Para dar su próximo paso el instructor del 1-O en el Supremo considera necesario saber qué decide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a las eurórdenes y el Tribunal General (TGUE) sobre las demandas presentadas por el propio Puigdemont contra el Parlamento Europeo, al que el expresidente catalán acusa de no haberle defendido suficientemente frente al suplicatorio cursado por el propio Llarena.

En función de si ambas decisiones son favorables a sus intereses o no decidirá si vuelve a tramitar las euroórdenes que anuló este jueves en el auto en el que retira el delito de sedición, tras su derogación por el Gobierno, pero mantiene el procesamiento por desobediencia y malversación en su modalidad más grave, que puede estar penada con hasta 12 años de cárcel.

Posible arresto

Por su parte, Puigdemont también quiere conocer qué dice la justicia europea en cada uno de esos procedimientos, sobre todo, el segundo, porque de él dependerá en gran medida el alcance de la inmunidad que le confiere el Parlamento Europeo. Esa información será vital para decidir si regresa o no a España, pese a tener la certeza de que de hacerlo será detenido, sobre todo ahora que Llarena ha aclarado que la reforma del delito de malversación no le afecta, porque el ánimo de lucro no es solo meterse al bolsillo el dinero malversado.

El auto, de 71 páginas, descartaba que su conducta pudiera enmarcarse en el nuevo 433, que introduce un delito del Código Penal del Franquismo que fue despenalizado en 1995. Es el que castiga con hasta cuatro años de cárcel al que utiliza dinero público para otro fin público, situación en la que Llanera no sitúa un referéndum ilegal, como el del 1-O, al igual que hizo el tribunal del 'procés', porque de haber sido así, les habría absuelto de la malversación al no estar entonces tipificado en el Código Penal. Con el texto socialista se entendía que se trataba de conductas que solo debían ser castigadas por el Tribunal de Cuentas.

De ahí, que pese a que el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró este mismo jueves que tanto Puigdemont como el resto de huidos tenían intención de volver a España, el 'expresident' puede acabar retrasando ese momento. En su discurso institucional sostuvo que no volverá "esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente" y luchará "por volver libre".

Si tiene que ser así, su vuelta tardará más de lo previsto, a diferencia de la de otros, como Clara Ponsatí, que al estar solo acusada de desobediencia, solo tiene en su contra una orden de detención a efectos de prestar declaración. Mientras que la 'exconsellera' ha mostrado su intención de retornar cuando antes, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en su misma situación, descartó cualquier decisión "inminente".

Delitos distintos

Boye, muy crítico con el tono del auto de Llarena, que recurrirá, señaló que el magistrado "había derogado" por su cuenta "la reforma del delito de malversación" y recordó que en su día rechazó la entrega del 'expresident' desde Alemania únicamente por malversación. Ello le permitió bromear con Groucho Marx y su frase "Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros", para atribuir una supuesta incoherencia a la reclamación española en cuanto a los delitos que se le atribuyen en cada momento.

Fuentes del alto tribunal recuerdan a EL PERIÓDICO que cuando el magistrado del Supremo rehusó aceptar la entrega alemana por ese delito fue por la incoherencia que habría supuesto poder juzgarle solo por él cuando sus subordinados también lo serían por rebelión o sedición, delito por el que finalmente fueron condenados.

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