De la corrupción del PP al 'procés': estos son los juicios que marcarán el 2023

 La única pieza que le queda a Camps

La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 17 de enero el comienzo del último juicio que le queda pendiente al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. Se trata del relativo a la adjudicación a Orange Market, la rama valenciana del grupo de empresas de Francisco Correa, del expositor valenciano de Fitur de 2009.

Camps, que fue absuelto del juicio por los trajes que habría recibido de la trama corrupta de la Gürtel, se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel. La vista, de la que el expresidente valenciano intentó apartar a varios juicios de la Audiencia Nacional, entre ellos, a José Ricardo de Prada, que participó en la sentencia de la primera época de la Gürtel, se prolongará hasta el 23 de mayo.

El primer juicio del caso Lezo, pero sin González

Un día después del que está previsto que finalice el juicio de Francisco Camps, la Audiencia Nacional tiene comenzar el primer juicio del caso Lezo, pero sin su principal imputado, el expresidente de Madrid Ignacio González. En esta ocasión se trata de la pieza en la que se ha investigado la operación de compra por el Canal de Isabel II de la colombiana Inassa. Es decir, antes de las prácticas presuntamente corruptas que se atribuyen al exdirigente del PP madrileño en la empresa pública encargada de gestionar el agua en Madrid. En esta pieza serán juzgados dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (Pedro Calvo y Juan Bravo) para los que la fiscalía pide 7 años de prisión.

El juicio de Rodrigo Rato por su fortuna personal

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid apuntan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que aunque no hay señalada una fecha, lo previsto es que en el segundo trimestre de este año también se celebre un nuevo juicio contra el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de Mariano Rajoy y presidente del FMI, Rodrigo Rato, por la causa en la que se investiga su patrimonio, que gestionaba a través de empresas y cuentas en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él un total de 70 años de prisión por 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.

El futuro de Laura Borràs

La presidenta de Junts, Laura Borràs, se sentará en el banquillo de los acusados del 10 de febrero al 1 de marzo (ocho sesiones de mañana y tarde) por presuntamente favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidirán si la expresidenta del Parlament cometió o no los delitos de prevaricación administrativa y de falsedad en documento público, por el que la fiscalía le reclama seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros. Este proceso judicial le costó el cargo en el Parlament, ya que el 28 de julio fue suspendida como diputada y máxima representante de la institución, con los votos de PSC, ERC y CUP, en cumplimiento del artículo 25.4 del reglamento que decreta el cese temporal de los parlamentarios a los que se le abra el juicio oral por un presunta corrupción. Borràs siempre ha negado las acusaciones y ha llegado a aludir una supuesta persecución por ser independentista.

La Mesa del Parlament de Forcadell

El Tribunal Supremo ordenó al TSJC que repita el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament, en la época de Carme Forcadell, a los que condenó por desobediencia por permitir la tramitación de las leyes que constituyeron el andamiaje jurídico del ‘procés’. El alto tribunal admitió la falta de imparcialidad de dos de los magistrados que formaron parte de la Sala que les juzgó, tal y como reclamaban los acusados. El 14, 15 y 16 de marzo del 2023 volverán a sentarse en el banquillo Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.

El Supremo anuló la sentencia que les impuso 20 meses de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros por ignorar las resoluciones el Tribunal Constitucional que vetaban la tramitación de las leyes de desconexión. Este mismo fallo absolvió a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que fue la encargada de presentar una de ellas y a la que repetición de la vista no afecta, porque ella no recurrió la decisión ahora anulada.

Garriga, Jové, Salvadó y el 1-O

Está previsto que la fiscalía presente el escrito de acusación contra la actual ‘consellera’ de Cultura, Natalia Garriga, el dirigente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, y al exparlamentario y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, por lo preparativos del 1-0. Garriga está procesada por un delito de desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El TSJC deberá señalar el juicio después de que la fiscalía y las defensas presenten su calificación. Este proceso se retrasó al incluir a Garriga cuando fue nombrada ‘consellera’. Las pesquisas derivan de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 Barcelona que mantiene procesados a 28 altos cargos del Govern y empresarios por su supuesta participación en la organización de la consulta. Una de las pruebas admitidas por el tribunal ha sido requerir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informase si es organismo u otro gubernamental ha efectuado algún tipo de investigación o espionaje en el que se haya utilizado programas informáticos sin su consentimiento.

La diputada Meritxell Serret

También está pendiente de señalar el juicio a la ‘consellera’ d'Acció Exterior, Meritxell Serret, por un presunto delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional. La fiscalía le reclama un año de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 12.000 euros. Según la acusación pública, Serret conocía "perfectamente la ilegalidad" de las decisiones que se tomaron durante el otoño de 2017, tras ser notificada de varias advertencias del alto tribunal. La parlamentaria estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia.

Los síndicos electorales del referéndum

La Audiencia de Barcelona comunicó el 19 de julio pasado que el juicio contra los cinco síndicos electorales del 1-O se debía repetir, como pedía la fiscalía. Meses antes, el Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona les absolvió, a pesar de que la acusación pública pedía para cada uno de ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. En esta sentencia, la magistrada sostenía que "no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC)". La fiscalía presentó recurso contra la exculpación al considerar que la jueza no había valorado correctamente las pruebas y la Audiencia le dio la razón. La nueva vista todavía no está fijada y afecta a la actual 'consellera' de Feminismes, Tània Verge.