Gobiernos de todo el mundo miran hacia otro lado con los abusos de los cónsules honorarios

El acuerdo para untar al tesorero municipal de Detroit se cerró en el reservado de un club de striptease en la ciudad del motor. “Básicamente le estás pagando a todo el mundo, de modo que también me deberías pagar a mí”, le dijo el tesorero al empresario Robert Shumake en aquella conversación de 2007, según este último declaró después a las autoridades estadounidenses. Shumake acabó poniendo al tesorero en nómina, uno más de los funcionarios locales al frente del fondo municipal de pensiones a los que pagó un día de crucero por las Bahamas con billete de avión incluido y gastos para apostar en el casino durante la travesía. A cambio Shumake se aseguró que el fondo invertiría millones de dólares en uno de sus negocios inmobiliarios, así como una comisión personal de 1.2 millones de dólares. “El peor desenlace posible para el sistema de pensiones”, afirmaron después los fiscales.

El cambalache fue desastroso para la ciudad. Su fondo de pensiones, del que dependía la jubilación de miles de bomberos y policías, perdió millones de dólares en varias inversiones fallidas y el aluvión de comisiones. Varios implicados en la trama de sobornos acabaron en la cárcel, pero Shumake no estaba entre ellos. No solo se las ingenió para salir airoso tras cooperar con la investigación, sino que un año después de declarar en el juicio recibió un codiciado cargo que le sirvió para obtener un cierto grado de protección legal y privilegios a la hora de atravesar fronteras. Y todo gracias a Botsuana, que en 2012 le nombró cónsul honorario en Estados Unidos. (Un año después cambiaría de bandera para representar a Tanzania).

Su nombramiento fue aprobado con diligencia por el Departamento de Estado, encargado de ratificar a los cónsules honorarios en el país. Y eso que, poco antes, la prensa local de Detroit publicó que Michigan había retirado a Shumake su licencia como agente inmobiliario o que este había pagado miles de dólares para cerrar un caso de presunto fraude bancario. Nada de eso hizo que Washington cuestionara su nombramiento.

Shumake forma parte de los más de 500 cónsules honorarios de todo el mundo que han tenido problemas con la justicia o se han visto involucrados en serias controversias mientras ejercían el cargo, según una investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ProPublica, en la que ha participado EL PERIÓDICO, junto a El País, La Sexta y decenas de medios internacionales. Otros fueron ratificados por los Estados receptores a pesar de las sombras que afloraban de sus historiales, que en algunos casos llegaron a incluir condenas previas por fraude, asalto o tráfico de armas.

Supervisión de los honorarios

Y es que ni Estados Unidos ni la mayoría de países del mundo han tomado medidas para supervisar a los cónsules honorarios o modificar el tratado internacional que regula sus funciones a pesar de los numerosos abusos documentados en las últimas décadas, según ha comprobado esta investigación. A raíz de sus revelaciones, países como Paraguay, Finlandia y Brasil han anunciado que revisarán las prácticas de sus honorarios, pero su ejemplo está lejos de ser la norma. “Nadie los controla”, asegura Bob Jarvis, profesor de Derecho Internacional de la universidad de Nova Southeastern, en Florida, y uno de los primeros expertos que examinó el sistema de los honorarios allá por los años ochenta. “¿Qué hace esta gente? ¿Y quiénes son?”. 

Los cónsules honorarios son ciudadanos particulares sin formación diplomática que representan voluntariamente los intereses de un país en el extranjero. Escogidos por su reputación y arraigo en la nación donde sirven, sus nombramientos deben ser aceptados por el país receptor. Pero muchos Estados resuelven el trámite sin someter a escrutinio alguno al elegido. Ni siquiera examinando sus posibles antecedentes penales. “Es un sistema basado en la confianza”, asegura Lawrence Dunham, ex director adjunto de protocolo del Departamento de Estado de EEUU, un país que no utiliza cónsules honorarios, pero sí los acepta en su territorio.

Y aunque abundan los honorarios que desempeñan sus funciones consulares y de representación con honradez, otros abusan de algunos de los privilegios que el cargo acarrea. Desde la inviolabilidad de sus comunicaciones, a la posibilidad de viajar sin que se revisen sus bultos o el pasaporte diplomático, solo concedido por algunos Estados. Algunos lo hacen para cometer delitos graves; otros, ridículas cacicadas. 

Décadas de abusos

En Estados Unidos, por ejemplo, un cónsul honorario de Malasia en Denver se amparó en su estatus diplomático para tratar de no pagar una multa de tráfico de 10 dólares. Y otro de la República Checa en el Medio Oeste trató de escurrir el IBI de su vivienda arguyendo que había pasado a ser propiedad del Gobierno checo tras su designación. Otros países, sin embargo, han tenido problemas más graves que les obligaron a adoptar medidas drásticas. 

Hace un cuarto de siglo, Bolivia tuvo que revisar toda su estructura de cónsules honorarios después de varios sonados escándalos. En uno de ellos tuvo que cesar a su representante en Haití después de que la policía del país descubriera un arsenal de armas en su residencia particular, armas que según sospecharon las autoridades eran para respaldar a grupos de paramilitares opuestos al Gobierno. “Habría reevaluar completamente este sistema desfasado de los cónsules honorarios”, escribió entonces el diario boliviano La Razón en un editorial que llevaba por título “El problema crónico de los cónsules honorarios”. 

Por aquella época también Costa Rica cesó a muchos de sus honorarios en el extranjero tras saberse que su Gobierno había nombrado a un capo mafioso ruso para representar sus intereses en Rusia. Hungría también se replanteó su sistema en 2003, después de que un bróker buscado por fraude escapara del país en el Mercedes de un cónsul honorario. Y cuatro años después, Liberia destituyó a parte de su plantel tras descubrirse que algunos traficantes de droga y blanqueadores de dinero tenían pasaportes liberianos de cónsul honorario. 

El último en mover ficha fue Canadá en 2019 tras descubrir que el representante de Siria en la ciudad se movía por la ciudad con un Humvee con un retrato colgado de Bashar Al Asad, el dictador sirio. Su Gobierno introdujo un nuevo proceso para escrutar a los nominados añadiéndole un código de conducta.

La postura de España

No ha habido hasta ahora, sin embargo, un esfuerzo colectivo o una tendencia a reevaluar este sistema propenso al abuso y más opaco incluso que la diplomacia tradicional. De los más de 180 países que utilizan honorarios o los aceptan en su territorio, solo 42 publican información actualizada con sus nombres y destinos, según el recuento de esta investigación. Decenas de países optan por el apagón total. 

Tampoco España tiene planes para reexaminar el sistema, a pesar de la existencia de, al menos, 29 honorarios que han tenido problemas con la justicia. Problemas, eso sí, raramente directamente relacionados con su cargo. La ley española permite al Gobierno forzar el cese de estos auxiliares consulares en determinadas circunstancias, como injerencias en asuntos internos, y cada año Exteriores emite informes sobre el desempeño de sus funciones, según fuentes diplomáticas. “Los agentes consulares deben cumplir la ley de los Estados ejercen sus funciones y, por tanto, están sujetos a los sistemas judiciales y a la normativa en su conjunto”, aseguran esas mismas fuentes. En Barcelona, dos de los cónsules honorarios investigados por blanqueo de dinero dejaron su cargo al estallar el caso y un tercero pidió este octubre dejar el cargo.

Hace solo dos años Naciones Unidas puso en marcha un curso para formar a los cónsules honorarios en cuestiones éticas y normativas de su trabajo. Algo que vienen reclamando desde hace tiempo los expertos en diplomacia, que demandan un mínimo de formación y supervisión para sus actividades. “Sin un mecanismo fuerte de gobernanza y transparencia, los cónsules honorarios pueden acabar aislados y envueltos en actividades contrarias a los intereses del Estado emisor”, dijo entonces el instituto de la ONU al frente del curso. Aquel curso, sin embargo, nunca volvió a repetirse. No pasó de su primera edición porque, según sus organizadores, no tenía suficientes participantes. 

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En la elaboración del artículo han participado: Debbie Cenziper, Will Fitzgibbon, Eva Herscowitz, Emily Anderson Stern y Jordan Anderson.

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