El lucro personal, piedra angular de la reforma de la malversación que preparan PSOE y ERC: 5 claves

A grandes rasgos, la reforma del Código Penal de 2015 amplió el delito de malversación de caudales públicos para incluir los conceptos de apropiación indebida y administración desleal. De esta manera, se podía perseguir con más facilidad a quien no se lucrara directamente, pero dispusiera del dinero público para fines que no fueran los presupuestados. Hasta entonces, la malversación se entendía como una sustracción indebida de dinero público, para la que era necesario demostrar la intención de obtener un lucro personal o para terceros. Con el cambio de 2015, también se considera malversación el perjuicio del patrimonio administrado, aunque no redunde en beneficio propio. La reforma supuso elevar las penas para los casos en los que el perjuicio al patrimonio supere los 250.000 euros: de un máximo de 8 años de prisión se pasó a un máximo de 12 años. La sentencia del 'procés', por ejemplo, consideró acreditado que el montante al que se dio un uso irregular superó "ampliamente" los 250.000 euros.

La gran incógnita de esta negociación se resolverá, como muy tarde, este viernes, cuando expira el plazo para presentar enmiendas a la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Por las declaraciones públicas de dirigentes de ERC, todo apunta a que la enmienda de los republicanos irá dirigida a rebajar las condenas máximas para aquellos que no se hayan lucrado personalmente con el dinero malversado. Si el cambio se limitase a revertir la reforma de 2015, las penas máximas para casos de desvío de fondos públicos sin lucro personal volverían a ser de 8 años. También busca Esquerra acotar mejor el alcance del tipo penal porque, según Junqueras, la sentencia del 'procés' les condenó por una "malversación por pensamiento", es decir, aunque el perjuicio público no se haya demostrado de forma efectiva.

Varios dirigentes independentistas se enfrentan aún a penas de cárcel al estar acusados de malversación o prevaricación. Los primeros beneficiados por la reforma podrían ser el diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y el actual presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Ambos están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por su "participación activa" en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. Otros 28 cargos o excargos del Govern están procesados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. En paralelo, hay abierto un proceso penal por la internacionalización del 'procés' en el que están implicados el 'exconseller' Raül Romeva, el exsecretario de Govern Víctor Cullell y el exsecretario del Diplocat Albert Royo. Y, por supuesto, los exlíderes del 'procés' huidos al extranjero, como el 'expresident' Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira, también podrían ver rebajadas las acusaciones y las hipotéticas condenas.

La reforma del delito de malversación obligará a revisar centenares de sentencias en las que se condenó por este delito, porque el propio Código Penal, la Constitución y la jurisprudencia europea obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación normativa que sea más beneficiosa para ellos. Ahora bien, las hipotéticas rebajas de pena dependerán de la redacción de la enmienda, que ERC trata de blindar para evitar los efectos indeseados que ha tenido la ley del 'solo sí es sí'. Entre otras sentencias, habría que revisar la de los ERE de Andalucía, la del 'caso Nóos' y la de la primera época de la 'trama Gürtel', que condenó al PP como partícipe a título lucrativo. El caso más reciente, y que genera más suspicacias por ser un exdirigente del PSOE, es el del expresidente andaluz José Antonio Griñán, pendiente de cumplir 6 años de prisión por malversación y prevaricación. Fue condenado por canalizar subvenciones públicas para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, pero sin beneficio personal.

España tiene actualmente la horquilla más alta de penas por malversación, hasta 12 años de prisión, porque incluye el delito de administración desleal. En Francia, Italia y Reino Unido, la pena máxima es de 10 años de cárcel, como en Estados Unidos. En Francia está tipificado como delito de desvío de fondos públicos. En Italia está diferenciado del delito de apropiación indebida. Y en Reino Unido, la posición de confianza cuenta como un agravante. Alemania, que considera la malversación un "delito financiero", tiene la horquilla más baja, hasta 5 años.