Comisión parlamentaria
Amnistía Internacional pide suspender el uso de proyectiles de foam e Iridia su prohibición
Las dos entidades exigen que el Parlament cree por ley un mecanismo "externo, público e independiente" de control de la policía

Amnistía Internacional ha pedido que el Parlament suspenda el uso de los proyectiles de foam hasta ver si se puede emplear siguiendo los estándares internacionales mientras que Iridia apuesta por su prohibición, al tiempo que ambas entidades exigen un mecanismo de control externo para los Mossos d'Esquarda.
Así lo han subrayado estas entidades en defensa de los Derechos Humanos en una rueda de prensa conjunta en el Parlament, en la que han presentado sus recomendaciones para que los grupos parlamentarios las incluyan en el informe de conclusiones que la comisión de estudio sobre el modelo policial votará el próximo 2 de diciembre.
Tanto Amnistía como Iridia dan por hecho que el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos no cumple con los estándares internacionales, aunque no coinciden con su propuesta sobre esta cuestión, uno de los puntos centrales que llevó a la constitución de la comisión parlamentaria de estudio sobre el modelo policial, después de que una joven perdiera un ojo en Barcelona al recibir un proyectil en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.
De esta forma, Amnistía plantea la suspensión del uso de los proyectiles para llevar a acabo una evaluación para detectar posibles deficiencias y valorar si puede ser usado conforme a los estándares internacionales, mientras que Iridia apuesta directamente por su retirada total y su prohibición.
Además, para asegurar la rendición de cuentas, ambas entidades exigen que el Parlamente cree por ley un mecanismo "externo, público e independiente" de control, investigación y evaluación de las actuaciones policiales, que ponga en el centro la defensa de los derechos humanos, como ya plantearon en sus respectivas comparecencias en la comisión.
Según Amnistía e Iridia, este mecanismo de control externo tendría que disponer de completa independencia operacional, sin interferencia política ni vinculación con los cuerpos policiales, y debería poder analizar, revisar e investigar todas las áreas de trabajo policial, con resoluciones vinculantes y dotación presupuestaria.
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