Sentencia en Barcelona
David Madí, condenado a 14 meses de prisión por emitir facturas falsas
La jueza también impone al exalto cargo de CDC una multa de 219.750 euros y la prohibición de obtener subvenciones e incentivos fiscales durante un periodo de tiempo
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Una jueza de Barcelona ha condenado a 14 meses de prisión y multas que ascienden a 219.750 euros a David Madí, exmano derecha de Artur Mas y exalto cargo de Convergència Democràtica (CDC) y miembro del 'estado mayor del 'procés', como cooperación necesario de un delito contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental por la emisión de facturas ficticias, según la sentencia, que puede ser recurrida y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada también le impone la pérdida durante un tiempo de la posibilidad de obtener a subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Esta pena es inferior a la que corresponde por estos delitos que se le atribuyen porque la togada le aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas durante la instrucción del proceso. Al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales, Madí no entrará en prisión.
La titular del Juzgado número 23 de la capital catalana, Luisa Balagueró, ha condenado, además, a otras cinco personas a penas que oscilan entre los 8 meses y 14 meses de prisión por su participación en esa red de falsificación de facturas. Entre los imputados se encuentra el productor audiovisual y exgerente de TV3, Oriol Carbó, que admitió los hechos y defendido por el abogado Manuel González Peeters, así como el empresario Juan Manuel Parra, que ya fue condenado por el 'caso Palau' de presunta financiación ilegal de CDC. Parra declaró en el juicio por facturas falsas que desde Convergència y más concretamente el exdirigente de este partido y 'exconseller' Germà Gordó le obligaron a cobrar actos de la campaña electoral de 2010 a través de la productora audiovisual Triacom, que era gestionada por Carbó.
El plan urdido
La sentencia relata que Carbó, como administrador de la sociedad Triacom, "urdió un plan" para defraudar a Hacienda y que para que su empresa se dedujera gastos y cuotas del impuesto de sociedades y el IVA. Según la jueza, este productor audiovisual creó "de forma concertada" con el resto de acusados, entre ellos Madí, facturas falsas que no se correspondían con servicios "efectivamente" prestados por las compañías de estos implicados. En ese grupo está Nubul Consulting e IKI Cat XXI, de Madí. La resolución judicial es clara: "el referido plan ideado por Carbó contó con la necesaria e indispensable colaboración del resto de acusados, que desempeñaron, en el seno de este concierto previo", un papel importante para la "consumación del fraude".
En este sentido, la jueza sostiene que Madí, como administrador de IKI Kat, emitió contra Triacom una factura en 2011 por un importe de 105.000 euros, más 18.900 de IVA en concepto de el 'briefing' y campaña y de una junta de accionistas de Gas Natural y la producción de un video corporativo de "Telefónica y edificio", con "conciencia y voluntad de aparentar la prestación de servicios que no se ejecutaron", sino que los realizó otra compañía. Según la sentencia, este empresario actuó de manera similar con otra de sus firmas, Nubul Consulting, que emitió dos facturas genéricas sobre honorarios contra Triacom por 27.000 euros más 4.860 de IVA y por 33.000 euros, más 5.940 de IVA, que "no se corresponden con servicios" prestados ese 2011.
La jueza destaca la "ausencia de infraestructura" de Nubul, que se reducía a Madí y a su esposa y la falta de justificación documental de los servicios teóricamente prestados. Sobre IKI Kat destaca que la junta de accionistas de Gas Natural se realizó en abril del 2011, meses antes de la constitución de la sociedad de Madí y, por lo tanto, no pudo ejecutar los trabajos ni facturarlos.
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