Ayuso denuncia que el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez detraerá 5.000 millones de las arcas madrileñas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso lo anunció anoche, pero el número dos en el Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha reconocido hoy que tendrán que esperar a tener el texto definitivo de la ley para poder determinar la letra pequeña del recurso.

Lo que sí ha hecho el equipo de Gobierno, según ha informado Ossorio, es adelantar cómo creen que afectará a la economía madrileña. Según el portavoz y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad, los cálculos del Ejecutivo de Ayuso son que el impuesto de Sánchez podría expulsar hasta 13.000 contribuyentes de la Comunidad de Madrid, lo que supondría una pérdida de hasta 5.000 millones de ingresos por los conceptos de IRPF. Ossorio ha realizado una equiparación con los presupuestos de dos consejerías para explicar lo que esto supondría: hasta el 88% del presupuesto del área de Educación o hasta el 68% del de Sanidad.

La batalla política del PP y el Gobierno por los impuestos a los ricos se dirige al Constitucional

El vicepresidente ha reconocido que no saben cuál será el mecanismo que utilizará el Gobierno central para aprobar este nuevo impuesto solidario, pero entienden que solo podrían hacerlo mediante una ley y eso chocaría con el principio de jerarquía normativa, ya que es la Ley Orgánica de Financiación Autonómica la que ahora establece que es las comunidades autónomas tienen competencias sobre el impuesto de patrimonio. No pueden imponer mediante ley algo contrario a lo que dice una ley orgánica. Además, según la Comunidad, la jurisprudencia ya dicta que no cabe un doble impuesto y que si es un impuesto que gira en torno al impuesto de patrimonio, no importa cómo lo quieran llamar”, es un impuesto sobre el patrimonio.

Lo que hizo ayer la presidenta durante una entrevista en 13Tv, donde anunció que presentaría este recurso, es en cualquier caso contrario a lo que en el PP se dijo que harían las distintas comunidades autónomas en las que gobiernan. Al conocer el anuncio de Pedro Sánchez, desde los ejecutivos populares y desde la propia Génova se advirtió que no dudarían en presentar recursos si había una invasión de competencias y se mostraron convencidos de que la propuesta era "arbitraria y autoritaria" y solo tenía como fin cortar alas a las decisiones de Andalucía, Madrid y otras regiones del PP donde se bonifica impuesto de patrimonio. Pero en Génova apelaban hace dos semanas a la prudencia, y decían que más allá de criticar lo anunciado, necesitaban ver negro sobre blanco cómo lo presentaban para poder analizar si efectivamente se producía esta invasión de competencias o si existía el choque entre la jerarquía de las leyes, como deslizaba Ossorio.