Por no contestar a Vox

La jueza impide a Antonio Baños declarar en catalán y él se niega a responder "en una lengua extranjera"

  • La fiscal rebaja la pena que pide para él de seis a cuatro meses de prisión, en línea con lo solicitado para Reguant

El exdiputado de la CUP en el Parlament de Catalunya Antonio Baños con un cuaderno a su llegada al Juzgado de lo Penal Número 30, a 29 de septiembre de 2022, en Madrid

El exdiputado de la CUP en el Parlament de Catalunya Antonio Baños con un cuaderno a su llegada al Juzgado de lo Penal Número 30, a 29 de septiembre de 2022, en Madrid / ANDREA ZAMORANO/ACN

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La jueza de lo Penal número 30 de Madrid, Hortensia de Oro-Pulido, impidió este jueves al exdiputado de la CUP Antonio Baños declarar en catalán, al no ser lengua cooficial de la Comunidad madrileña y no generarle ninguna indefensión, puesto que entiende y puede expresarse perfectamente en castellano. Baños, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave al negarse a contestar a Vox en el juicio del 'procés', respondió que se negaba a declarar "en una lengua extranjera".

La vista fue breve, porque prácticamente se limitó a ver el vídeo del juicio del 1-O en el que el presidente de esa vista y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le advirtió de las consecuencias penales que su actitud le podía acarrear y que "el tribunal no quería activar". El magistrado intentó que respondiera a las preguntas que le formulaba Vox a través de la presidencia, pero cuando Baños preguntó si a través del presidente estaba realmente respondiendo a Vox, Marchena rectifica y pone fin al sistema que había improvisado para no tener que actuar ante la negativa del testigo a contestar al partido de extrema derecha.

A continuación, la fiscal Olga Herranz rebajó la petición de pena para asimilarla a la solicitada para la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant por los mismos hechos, de tal forma que ambos se enfrentan a cuatro meses de prisión y no a seis, como se proponía inicialmente por el ministerio público antes de que las actuaciones contra la aforada fueran remitidas al Tribunal Supremo.

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La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución del exdiputado al entender que no cometió desobediencia, porque se ve que con claridad quiere ayudar a esclarecer los hechos que se juzgaban, pero pidió una aclaración ante el poco habitual utilizado por Marchena para que respondiera a Vox.

Así como que no se trataría en ningún caso de un delito grave, sobre todo, al haber abonado ya una multa de 2.500 euros por no contestar a la acusación popular. El abogado dejó constancia de su protesta por no haberse permitir a su cliente declarar en catalán, a diferencia del Tribunal Supremo, donde Reguant sí lo pudo hacer, extremo en el que la jueza señaló que la diferencia podía deberse a la jurisdicción nacional del alto tribunal y de la Audiencia Nacional frente a la de un juzgado madrileño.