Tribunales

Eulàlia Reguant niega haber cometido delito y califica el del 'procés' de juicio político

  • La diputada de la CUP asegura que el presidente de la vista del 1-O no le advirtió de los riesgos de su conducta

  • El fiscal pide 4 meses por desobediencia grave a la autoridad por negarse a contestar a la acusación que ejerció Vox

Eulàlia Reguant saluda a un grupo de simpatizantes a su llegada al Tribunal Supremo.

Eulàlia Reguant saluda a un grupo de simpatizantes a su llegada al Tribunal Supremo. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, optó por concluir su defensa en el Supremo con una última palabra en la que calificó de "juicio político" el realizado a los líderes independentistas por el 'procés', argumento con el que trató de justificar su negativa a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox cuando compareció como testigo en esa vista en febrero de 2019. Permitir que el partido de ultraderecha acusara a los independentistas "es una herramienta más del Estado", aseguró antes de ser interrumpida por el presidente del tribunal, Miguel Colmenero, por no tener relación su alegato con el procedimiento.

Previamente su letrado, Daniel Amelang, se había esforzado en neutralizar la petición fiscal de cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad con argumentos jurídicos, sin referencia alguna a una supuesta represión del Estado. Se centró en si se dan los requisitos necesarios para que ese delito exista, como si fue apercibida con concreción de los riesgos que su conducta le acarrearía, aunque en el acta ella dijera que asumía "las consecuencias". El abogado sostuvo que debió volver a serlo tras serle impuesta la multa de 2.500 euros, sanción que, por otra parte, en caso de condena supondría castigarla dos veces, lo que está prohibido.

Por su parte, el fiscal Carmelo Quintana defendió la condena, porque un testigo no puede negarse a contestar preguntas de una acusación por mucho que no comparta sus postulados, y después de ser advertida de las consecuencias que le puede acarrear, que son precisamente el juicio que se ha celebrado este miércoles contra ella. Reguant, a preguntas de su abogado, negó que el presidente del juicio del 'procés', Manuel Marchena, le advirtiera.

El representante del ministerio público sostuvo que su petición de pena es proporcionada, al estar "muy próxima al mínimo" previsto en el Código Penal para castigar una conducta que se produjo en un juicio de "gran relevancia". El abogado defensor, en cambio, rebatió este argumento recordando la condición de representante pública de la acusada y señalando que podía ser sancionada únicamente con multa.

El representante del ministerio público rechazó también la alegación de la defensa de que actuó amparada en la defensa de su libertad ideológica o de expresión, porque el testigo está obligado a contestar a las partes sin posibilidad de elegir las preguntas que le gusten, aunque le puedan crear "incomodidad". Mientras,k Amelang defendió la absolución de la diputada de la CUP en que la ley también ampara que los testigos no contesten a las preguntas que le "pueden producir un daño moral".

Solo a su abogado

Reguant, que declinó contestar a las preguntas que le iba a formular el fiscal y se limitó a hacerlo solo a las de su abogado -circunstancia que ahora, dado que es acusada, no le plantea ningún riesgo jurídico-, reiteró el argumento que ya utilizó en el juicio del 'procés': que se negó a contestar a Vox en el juicio de 1-O, porque "no quería contestar a la extrema derecha y al fascismo machista".

Sostuvo que "asumir la presencia de quien no garantiza la presencia de los derechos fundamentales es asumir que no puede haber un juicio justo (....). Es legitimar a quien va en contra de las políticas de género y eso va en contra de derechos".

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Según Reguant, el presidente del tribunal del juicio del 1-O le dijo que "sabía que no lo podía hacer", en referencia a responder a Vox, y no le advirtió de las responsabilidades en las que podía incurrir ni de la multa que se le impuso, sino que se limitó a indicarle que saliera de la sala. Añadió que habría respondido al presidente del tribunal si hubiera accedido a reproducir las preguntas de Vox como propuso una de las defensas.

Justo antes de que entrara ella ya se había negado a responder a Vox quien había sido su compañero de partido Antonio Baños, que será juzgado por los mismos hechos este jueves en un juzgado de lo Penal madrileño.