Se busca juez para Roger Torrent

Este juicio ha sufrido diferentes aplazamientos. Primero se suspendió por la recusación al magistrado y presidente del TSJC Jesús María Barrientos. El motivo: durante un discurso de Torrent en el 2018 en el que este aludió al encarcelamiento de los presos independentistas, Barrientos se levantó y se marcho de la sala en señal de protesta. Posteriormente, el alto tribunal catalán aceptó la recusación del juez Carlos Ramos por supuesta imparcialidad (" apasionamiento personal", según la resolución que le apartaba del juicio) en determinadas expresiones empleadas en sus resoluciones.

Faltan voluntarios

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El reducido listado de magistrados que forman la sala de lo civil y penal del TSJC (nueve) y la falta de voluntarios disponibles obliga, por lo tanto, al alto tribunal catalán a hacer un llamamiento excepcional para encontrar al tercer magistrado del tribunal o nuevamente a aplazar el juicio. En un comunicado de prensa, el TSJC alega que no ha podido completar la composición del tribunal que juzgará a Torrent por la última recusación admitida, la del magistrado Carlos Ramos, y la imposibilidad de acudir a la lista de sustitutos voluntarios porque sus integrantes ya comunicaron en su momento que tenían otros señalamientos para esas fechas. Por lo tanto, anuncia que se completará "con las previsiones" que contempla la legislación.

La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para Torrent, Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadrós (JxCat), mientras que para Adriana Delgado (ERC) pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones. La acusación publica relata Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del Tribunal Constitucional de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en octubre de 2019 tramitar dos resoluciones sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación, aprobadas en noviembre de ese año por los miembros del Parlament. Estas resoluciones fueron tramitadas poco después de la sentencia del 'procés' contra dirigentes independentistas.