INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El fiscal reclama un año y ocho meses de inhabilitación para Torrent por desobediencia

  • Solicita la misma pena para otros exmiembros del Parlament por haber permitido la tramitación de dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y contra la Monarquía

Roger Torrent, conseller de Empresa i Treball, en la azotea de la consellería.

Roger Torrent, conseller de Empresa i Treball, en la azotea de la consellería. / Jordi Cotrina

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para el actual 'conseller' de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, por un delito desobediencia al haber permitido la tramitación dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la Monarquía, con "manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco" del Tribunal Constitucional (TC). La misma pena solicita para su excompañeros en la Mesa de la Cámara catalana Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadrós (JxCat), mientras que para Adriana Delgado (ERC) pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones.

El alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalia Superior de Catalunya en marzo de 2020 al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban, "a priori, una apariencia delictiva", si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas "en absoluto" sus valoraciones. Hace unos días, la jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, dio por finalizada la investigación, dejando a un paso de juicio a los cuatro imputados.

Antes de la interposición de la querella por parte de la fiscalía, el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad requerir a esta institución que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al Rey.

Requerimiento "individual y personal"

En este sentido, el Constitucional había requerido "individual y personalmente" a los miembros de la Mesa del Parlament su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada", precisa de los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol en su escrito de acusación remitido al TSJC.

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La acusación publica relata Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del Tribunal Constitucional de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en octubre de 2019 tramitar dos resoluciones sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación, aprobadas en noviembre de ese año por los miembros del Parlament.

Los fiscales subrayan que, días antes de la aprobación, los cuatro imputados desestimaron las peticiones de reconsideración efectuadas por grupos de la oposición y "ratificaron" la admisión a trámite de los textos. "Torrent, teniendo conocimiento" de la impugnación por parte del Ejecutivo central y "sabiendo" que el Tribunal Constitucional acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción, decidió modificar" la hora del inicio del pleno, argumenta el escrito la acusación.