El TSJC envía a juicio a Roger Torrent por desobediencia

Tras recibir los escritos de acusación de la fiscalía y de Vox, que ejerce la acusación popular, la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha acordado abrir el juicio oral contra el actual 'conseller' de Empresa y el expresidente del Parlament, Roger Torrent, por haber permitido al tramitación en la cámara catalana de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación en contra de la monarquía, eludiendo los mandatos del Tribunal Constitucional (TC). También serán juzgados por lo mismo su excompañeros en la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC). El alto tribunal sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia grave.

Inhabilitación y multa

La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para Torrent, Costa y Campdepadrós (JxCat), mientras que para Delgado pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones. La acusación publica relata Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del Tribunal Constitucional de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en octubre de 2019 tramitar dos resoluciones sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación, aprobadas en noviembre de ese año por los miembros del Parlament. Estas resoluciones fueron tramitadas poco después de la sentencia del 'procés' contra dirigentes independentistas.

Los fiscales subrayan que, días antes de la aprobación, los cuatro imputados desestimaron las peticiones de reconsideración efectuadas por grupos de la oposición y "ratificaron" la admisión a trámite de los textos. "Torrent, teniendo conocimiento" de la impugnación por parte del Ejecutivo central y "sabiendo" que el Tribunal Constitucional acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción, decidió modificar" la hora del inicio del pleno, argumenta el escrito la acusación.

Antes de la interposición de la querella por parte de la fiscalía, el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad requerir a esta institución que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament esas dos resoluciones. La fiscalía, al final, presentó la querella. El TSJC la admitió a trámite en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban "a priori una apariencia delictiva".