Controversia

El plan de ahorro energético del Gobierno: de "chapuza jurídica desproporcionada" a "medida razonable"

Comunidades autónomas, alcaldías y empresarios expresan sus dudas sobre la aplicación del decreto y lamentan la falta del diálogo del Ejecutivo

El plan de ahorro energético del Gobierno: de "chapuza jurídica desproporcionada" a "medida razonable"

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María G. San Narciso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras en alzar la voz en contra del real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno para ajustarse a las exigencias de Bruselas y que dispone, entre otras medidas, que la refrigeración de edificios administrativos, recintos públicos y comercios no sea inferior a los 27 grados centígrados ni la calefacción esté por encima de los 19. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha matizado este viernes que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "en torno de los 25 grados".

La 'rebelión' de Ayuso no ha sido la única y aunque acatarán el decreto, responsables de distintas comunidades autónomas y alcaldías de diverso signo político, así como asociaciones y organizaciones de empresarios se han mostrado en contra, han expresado sus dudas o han dicho sentirse preocupados por el tiempo que tendrán para adaptarse a la norma. El Gobierno, la dirección nacional del PSOE y Podemos apelan a la solidaridad y califican la norma de prudente en un contexto de crisis energética provocado por la guerra de Ucrania y teniendo en cuenta los costes de la electricidad y los problemas que acarrea la crisis climática.

Aunque se comparta la filosofía, los críticos lamentan que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto previamente con comunidades autónomas y corporaciones locales, que serán quienes finalmente tengan que aplicar las disposiciones del decreto en un tiempo récord.

El lehendakari Iñigo Urkullu es uno de los que ha dicho que el Gobierno podría "haber contado más con las comunidades autónomas". También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que Galicia va a acatar las normas que ponga en marcha el Gobierno central de ahorro energético, pero ha dejado claro que va a ser imposible asegurarse de que se cumplan algunas de ellas, que ha tildado de "cosméticas".

En la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha hablado de "chapuza jurídica desproporcionada" para calificar el plan porque, a su juicio, "solo ahorra en calidad normativa y energía empática con ciudadanos y empresas, sin cogobernanza y sin contar con las comunidades autónomas".

Otros territorios, especialmente los gobernados por los socialistas, se han mostrado a favor. La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha señalado en la cadena Ser el "claro compromiso" del Ejecutivo regional de cumplir con las medidas alegando el compromiso que tiene su comunidad frente al cambio climático.

Ayuntamientos preocupados

Las reacciones también se han extendido al ámbito local. La alcaldesa en funciones de Almería, María Vázquez (PP), ha apuntado a la "incertidumbre horrorosa" que está ocasionando el decreto a la administración local y al sector servicios. Se ha mostrado especialmente preocupada por la Feria de Almería, que se celebra del 19 al 27 de agosto, y confía en que su aplicación no la desluzca pese al "caótico" resultado de establecer una normativa "sin consultar con todas las partes".

El regidor socialista de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, cree que en determinadas áreas de la ciudad se transmitirá una imagen de "inseguridad" en las calles prescindiendo de la iluminación de los comercios, mientras que la alcaldesa de Toledo, también del PSOE, Milagros Tolón, ha asegurado que el alumbrado artístico de los monumentos no se verá afectado por el decreto aprobado por el Gobierno y que podrá seguir disfrutándose de la vista panorámica del casco histórico de la ciudad.

Dificultades para aplicarlas según el territorio

Entre los empresarios, la mayor crítica viene por no atender a la disparidad territorial. Lorenzo Amor, presidente nacional de la Asociación de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), asegura que este paquete de medidas será difícil de aplicar por la heterogeneidad de los negocios y por las distintas situaciones climáticas del país.

Amor pone de ejemplo que "no es lo mismo una panadería que un negocio sin horno de pan". "Tampoco es lo mismo climatización en un bar con 44ºC en ciudades como Córdoba, que en uno de Cantabria, donde la temperatura exterior es de 21ºC", afirma. Ídem con el transporte público, porque señala que se puede comparar el subirse en verano en un autobús a las cuatro de la tarde en Écija que hacerlo en Asturias.

Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), apunta algo parecido. Explica que los hoteleros consideran el ahorro energético y la eficiencia energética como una de sus prioridades, sobre las que ya están trabajando. "No obstante, consideramos que la aprobación de medidas de ahorro energético del Gobierno se ha realizado de una manera acelerada y un tanto improvisada, al no precisar medidas diferentes según el territorio y el tipo de actividad económica, y al conceder únicamente un plazo de siete días para todos los establecimientos" para cumplirlas.

Medidas razonables y ejemplarizantes

"Entendemos que estas medidas son razonables y confiamos en que la hostelería se van a sumar. Sirven para el ahorro energético. Todos somos conscientes de la situación en la que estamos viviendo y podemos vivir", asegura por su parte el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

En su opinión, estas medidas son "bienvenidas desde el punto de vista económico, pero también de colaboración y de manera ejemplarizante con los clientes". "Creo que se van a aplicar con una normalidad absoluta", añade Yzuel, que celebra la precisión de la ministra Ribera, de que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados". Lo hace teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral. "La salud laboral tiene que ser prioritaria. El mensaje de cierta flexibilidad es bueno", asegura.

Lo mismo opina el director general de la Hostelería de Madrid, Juan José Blardony Arranz. Esos 25 grados les parece una "temperatura mucho más razonable" que los 27 que marca el real decreto, tanto por los camareros que trabajan como por los clientes. Era algo que venían pidiendo públicamente desde que se conoció el contenido del real decreto el pasado lunes 1 de agosto.

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"De todas maneras, los restaurantes están tomando medidas de ahorro ya no solo por un tema de eficiencia energética, sino de costes. Las facturas se han multiplicado por tres en los últimos meses. Somos los primeros interesados en contener esta subida. Estamos en una situación delicada y para nosotros es muy importante. Esperamos tener la compresión de los clientes y que esto no frene el consumo", explica Arranz a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario.

El portavoz de los hosteleros madrileños muestra cierto temor a lo que pueda ocurrir a partir de septiembre, tanto por la situación económica de las familias como por -en principio- los 19ºC de calefacción.