A vueltas con el plan de ahorro energético

El Gobierno acusa a Ayuso de alentar el desacato al pedir al comercio que apague la luz solo diez segundos

  • El vicepresidente madrileño dice que el decreto es inaplicable y que si los escaparates permanecen sin luz unos instantes se cumpliría la ley

  • El Ejecutivo central apunta que si se anima a buscar “atajos”, se fomenta la “vulneración de la norma” y reprocha a la Comunidad posiciones “antieuropeas”

El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (i), durante su visita a la Colección de Arte Contemporáneo en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, junto a Gonzalo Cabrera (d), director general de Promoción Cultural, este 4 de agosto de 2022 en Móstoles, Madrid.

El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (i), durante su visita a la Colección de Arte Contemporáneo en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, junto a Gonzalo Cabrera (d), director general de Promoción Cultural, este 4 de agosto de 2022 en Móstoles, Madrid. / EFE / FERNANDO ALVARADO

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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La Comunidad de Madrid reculó desde las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la aprobación del real decreto ley de eficiencia energética. Del "Madrid no se apaga" que proclamó en caliente en Twitter a la promesa de que "cumplirá" el plan. Pero eso no quita para que repita las críticas que lanzan otros ejecutivos liderados por el PP y añada otras de cosecha propia. Como que contiene "errores garrafales" en su redacción, que es una "chapuza jurídica". Incluso el vicepresidente regional llegó a sugerir que si los comerciantes apagan sus escaparates a los diez segundos a partir de las 22 horas ya no habría sanción posible. Para el Ejecutivo, Ayuso está cayendo en el "antieuropeísmo" y está animando a buscar atajos para "vulnerar la norma".

Los socialistas evitan, en la medida de lo posible, confrontar de manera directa con la presidenta madrileña, para no victimizarla, e interpelan directamente a Alberto Núñez Feijóo. Pero el Gobierno regional hace todo lo posible por no salir de escena. El vicepresidente y portavoz madrileño, Enrique Ossorio, subrayaba este jueves que el decreto es inaplicable, por los fallos "garrafales" que han encontrado: "Estamos estudiando si hay caso para recurrirlo por invasión de competencias de las comunidades y lo están analizando los servicios jurídicos. Es una decisión que se tomará en los próximos días". Un error, a su juicio, es que el texto no especifica "hasta cuándo hay que mantener apagados los escaparates y hasta cuándo hay que mantener apagados los edificios públicos".

Desde el Gobierno subrayan su "confianza" en ciudadanos y empresas, porque sabrán ser solidarios y porque el derroche energético "no beneficia a nadie", tampoco a las compañías

"Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado", argumentó Ossorio en declaraciones a los medios desde Móstoles. Lo que dice el artículo 29 del decreto es esto: que el alumbrado de escaparates "deberá mantenerse apagado desde las 22 horas", disposición que también "se aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados". El texto no detalla la hora de fin de la prohibición, pero sí dice que las luces "deberán mantenerse" —ahí importa el verbo— apagadas.

Las palabras del vicepresidente madrileño parecían llamar, directamente, a la insumisión. Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez consultadas por este diario mostraron, primero, su "confianza en los ciudadanos y las empresas", confianza en que "aplicarán la norma" porque es un "compromiso" con Europa y porque España es un país solidario, y no "egoísta". Alegan que el despilfarro energético no beneficia a nadie, y menos a las compañías, que han agradecido a Transición Ecológica el "esfuerzo negociador" con Bruselas, que permitió rebajar el tijeretazo al consumo del 15% al 7%.

Pero desde el Gobierno insisten, como han venido recalcando en los últimos días, empezando por el presidente, que "las normas se cumplen". "Y los atajos para incumplirlas constituirían no solo una vulneración de la norma, sino también un sonrojo vergonzoso ante la mirada de toda Europa. Muchos de los sectores ya han transmitido al Gobierno su pleno respaldo a las medidas. Otra cosa es que haya quien busque motivos para mantenerse en los titulares durante el verano aunque sea elevando una línea política antieuropea y que va contra el sentido común", zanjaron las mismas fuentes del Ejecutivo.

La legislación laboral

Ossorio también denunció que el texto incumple el real decreto 486/1997, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, porque ahí se dice que en los llamados trabajos ligeros —los no sedentarios, los que no son de despacho—, no puede haber más de 25 ºC. "En esta medida, ya se ha vuelto inaplicable", sostuvo. Sin embargo, la norma aprobada el pasado lunes especifica que los umbrales de temperatura de los locales acondicionados que se fijan en el artículo 29 —no superior a 19 ºC en los recintos calefactados y no menos de 27 ºC en los refrigerados, siempre que la humedad relativa esté entre el 30% y el 70%— "deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto en el real decreto 486/1997, de 14 de abril".

El texto aprobado el lunes sí tiene en cuenta lo dispuesto en el decreto de 1997 sobre seguridad en los lugares de trabajo: si se trata de trabajos ligeros, la temperatura habrá de estar entre 14 ºC y 25 ºC

De hecho, UGT, a través de un comunicado, indicaba este jueves que considera "acertado" el plan de ahorro y eficiencia energética del Ejecutivo porque recoge la necesidad de cumplir con el decreto de 1997. Este señala que la temperatura en los locales donde se realicen trabajos sedentarios, en oficinas o similares, deberá estar comprendido entre 17 ºC y 27 ºC, y en los recintos donde se desempeñen trabajos ligeros, entre 14 ºC y 25 ºC.

Ossorio no fue el único consejero madrileño que terció en la polémica. También lo hizo el responsable de Justicia e Interior, Enrique López. "Se confirma que estamos ante una chapuza jurídica desproporcionada, muy alejada del fin legítimo, al más puro estilo de la pandemia", criticó en su cuenta de Twitter.

Para la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las declaraciones de "algunos representantes políticos", dijo sin citar a Ayuso, son "antieuropeas, antisolidaridad y antinunidad", "no van en la dirección correcta y los ciudadanos no las entienden", defendió en una entrevista en 'Al rojo vivo' (La Sexta). Según remarcó, es el momento de "arrimar el hombro" y "ser solidarios" con otros países europeos, más dependientes del gas ruso, que se han visto compelidos a desplegar medidas más restrictivas. Las planteadas por el Gobierno, reivindicó, son "más ligeras y menos intrusivas y de menor impacto económico" que las de otros países europeos, como Italia y Alemania.

El Falcon y el helicóptero

En cualquier caso, y como afirmó el lunes la propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el decreto ley en vigor —que aún debe ser convalidado por el Congreso antes de treinta días— es solo un "primer paquete de medidas urgentes", al que seguirá otro en septiembre, con más disposiciones y con el objetivo de situar a Europa en la "posición más fuerte" frente a Vladímir Putin. Por eso el Ejecutivo se inclina por no admitir modificaciones en este texto, porque vendrá otro en un mes, aunque no adelantó más detalles. Solo que caminará en la línea de otros países para "seguir avanzando". "Pero vamos a centrarnos ahora en este decreto ley y vamos a anticiparnos a los problemas que puedan venir".

Calviño advierte de que este es solo un primer paquete de medidas, al que seguirá otro en septiembre, en línea con otros países europeos, aunque no avanza concreciones

Y sobre la segunda crítica de Ossorio, la presunta falta de respeto a los derechos laborales, Calviño explicó que el decreto sí se adapta a las condiciones específicas de los lugares de trabajo. "Allí donde se pueda, lo lógico es tener los termostatos con un mínimo de 19 grados y un máximo 27 grados, que son temperaturas cómodas en las que la inmensa mayoría de nosotros podemos trabajar", esgrimió.

La dirección nacional del PP, mientras, prefirió este jueves no bajar al detalle de las medidas, sino trazar una crítica gruesa por elevación. Cuca Gamarra, secretaria general del partido, pidió en Cádiz a Sánchez que estudie las propuestas de Feijóo y dé marcha atrás en su plan, que "a nadie gusta y a todos disgusta", y denunció que el Ejecutivo "no reduce su gasto" al contar con 22 ministerios y 800 asesores. "Cuando todos los españoles están cambiando su ritmo de vida porque no lo pueden mantener, no puede ser que el Gobierno siga viviendo por encima de sus posibilidades. No se puede pedir que se baje la calefacción, se reduzca el aire acondicionado, se apaguen las luces y a continuación, día tras día, montarte en el Falcon y en helicóptero derrochando todo tipo de combustible. Esto es pura incoherencia y egoísmo", criticó, informa Paloma Esteban.

Urkullu: el decreto hay que "cumplirlo"

Quien sí bajó el tono de la crítica fue el Gobierno vasco. El lendakari, Iñigo Urkullu, reconoció en redes sociales que las medidas aprobadas el lunes por el Consejo de Ministros tienen un "rango" legal y, "sin duda, han de ser cumplidas". Eso sí, habría agradecido un "ejercicio de contraste de las diversas realidades que reflejan todos los sectores afectados". Y aunque las disposiciones encuentran "base competencial en la Constitución", dijo, sí ha echado en falta que se hubiera tenido "más en cuenta a las comunidades autónomas" para la "definición" de las normas. "De esta forma, podría haber hecho patente, en este caso, la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las comunidades en la propuesta de medidas".

Patxi López reconoce que "si ha faltado diálogo" con las autonomías, "habrá que suplirlo"

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El giro discursivo del lendakari fue celebrado por el nuevo portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. "Perfecto", apuntó en Radio Euskadi, "esa es la actitud, esto hay que cumplirlo y luego ya me quejo de lo que me tenga que quejar y recurro lo que tenga que recurrir". El dirigente sí hizo acuse de recibo del otro mensaje de Urkullu: "Si ha faltado diálogo, habrá que suplirlo", informa EFE.

Argumentó, no obstante, que lo que ha hecho el Gobierno es "responder rápidamente a la situación" que están atravesando Europa y España. López contrastó la réplica del Ejecutivo vasco con la de Ayuso, aunque no se privó de criticar la primera respuesta de la consejera vasca de Desarrollo Económico, que calificó el plan de Sánchez de "efectista". "Me pareció que [Tapia] estaba fuera de lugar. Vamos a dejar el ruido de una puñetera vez y vamos a colaborar", apremió.