Deshielo entre gobiernos

Estos son los acuerdos de la tercera reunión de la mesa de diálogo

  • El Gobierno y la Generalitat pactan buscar mayorías para activar reformas legislativas que aligeren la judialización del 'procés' y se conjuran para impulsar y proteger el catalán como lengua cooficial

Los ministros y los ’consellers’, reunidos en la tercera cita de la mesa de diálogo.

Los ministros y los ’consellers’, reunidos en la tercera cita de la mesa de diálogo. / David Castro

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

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La tercera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat celebrada este miércoles en Moncloa se ha zanjado con los primeros acuerdos de un espacio inaugurado en febrero de 2020 para encauzar el conflicto catalán tras el convulso otoño de 2017.

En una hora y 45 minutos de reunión, cuatro ministros -Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Miquel Iceta e Isabel Rodríguez- y cuatro 'consellers' -Laura Vilagrà, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena y Natàlia Garriga- han sellado los pactos que llevaban trabajando discretamente en los últimos meses, especialmente después de la anterior cita, el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona. Estos son los principales compromisos alcanzados:

Activar reformas legislativas  

Los dos ejecutivos se conjuran para hurgar en el camino de la 'desjudicialización' a través de reformas legislativas pero, para ello, necesitan certificar que una mayoría del Congreso lo permite. Esta podría ser la de la investidura, siempre que PSOE y ERC estén de acuerdo y cuenten con el resto de socios parlamentarios, algo que parece lo propio teniendo en cuenta el compromiso alcanzado entre gobiernos. No han querido detallar si se trata de reformular la 'ley mordaza', el Tribunal de Cuentas o el Código Penal, pero sí han abierto la puerta a revisar también peticiones judiciales concretas en causas relacionadas con el 'procés'. Mientras Vilagrà ha insistido en que las modificaciones deben llevarse a cabo antes de final de año, Bolaños ha subrayado que en este momento no dan los números para reformar los delitos de sedición y de rebelión, una forma de aligerar las penas que abriría la puerta al regreso a España de todos los independentistas que todavía residen en el extranjero y que están procesados por el 1-O.

Aunque sin especificar a qué se refiere, el texto fruto de esta reunión recoge que "cuando se alcancen acuerdo que requieren de alguna modificación legislativa concreta para su materialización" estas se impulsarán en el Congreso para que sean aprobadas.

Salvaguardar la legalidad

En esto ha puesto especial énfasis el ministro de Presidencia. El Gobierno blande que ha podido arrancar al Govern un compromiso con la legalidad vigente. Según Bolaños, la actividad política e institucional se llevará a cabo dentro del ordenamiento vigente y se deja constancia de que "se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático". En concreto, el documento pactado concreta el acuerdo de "conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos". 

"Se va a fortalecer el reencuentro y la seguridad jurídica con grandes mayorías que superen esos bloques que parecían irreconciliables. Nunca más el enfrentamiento estéril", ha añadido el ministro. El texto remarca la apuesta por "avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario". Implícitamente, el Ejecutivo logra que la Generalitat certifique que aparca la vía unilateral para la independencia, pese a que sea la bandera retórica de Junts, que ya no se sienta en la mesa de diálogo.

Blindar la nueva ley del catalán en la escuela

"El deber de las diferentes administraciones es que el catalán no sea nunca una lengua minorada, como lo fue en regímenes pasados fruto de su persecución política. El catalán, al igual que el resto de lenguas de España, debe conservar su legado histórico, su riqueza dialectal y especialmente su capacidad de cohesión y de contribución al progreso social", describe el pacto firmado.

Un avance relevante, teniendo en cuenta el pulso entre el TSJC y el Govern por la aplicación del 25% de castellano en las aulas de Catalunya, es que el Gobierno no recurrirá la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria, aprobada con los votos del PSC, ERC, Junts y 'comuns' en el Parlament. De hecho, los gobiernos se comprometen a defenderla, al entender que se ajusta al marco legal y que, pese a no fijar porcentajes de catalán y de castellano, permite que los alumnos dominen las dos lenguas. También permite acomodar los proyectos lingüísticos a realidad social del centro educativo, algo que ha celebrado especialmente Bolaños.

En el documento queda recogido que el Gobierno y la Generalitat creen necesario "renovar y reforzar la protección y el impulso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad y promover las reformas legislativas y las inversiones necesarias para potenciar el carácter plurilingüe de España". ¿Cómo? Manteniendo el catalán como "lengua normalmente usada como vehicular" con el aprendizaje y el uso "curricular" del castellano "garantizado", como deja claro la ley, adaptando los currículums a "criterios pedagógicos". En caso de conflicto, se comprometen a resolverlo "por la vía del diálogo".

Impulsar el catalán en el Senado y en la Eurocámara

"Partiendo de la idea de la lengua como patrimonio de la Humanidad, es responsabilidad del conjunto de las administraciones garantizar la preservación y el progreso de todas las lenguas en sus respectivos territorios y en el conjunto del Estado, así como fomentar su proyección exterior, particularmente en organismos internacionales y de la Unión Europea", reza el acuerdo firmado.

El Gobierno y la Generalitat sellan así un compromiso para promover reformas reglamentarias en las Cortes Generales -empezando por el Senado, donde ya se puede usar para defender mociones o registrar iniciativas- para que los representantes públicos se puedan expresar en catalán. Sin embargo, el PSOE rechazó hace un mes una propuesta para que las lenguas cooficiales pudieran emplearse en el Congreso. Además, España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo que el catalán sea una lengua de uso en el pleno -actualmente están permitidas las 24 lenguas oficiales de los países miembros- y se pueda emplear también en el derecho a petición.

También se conjuran para asegurar la presencia de Catalunya y de la cultura catalana en la Unesco y en otras instituciones internacionales, y el Gobierno "facilitará la incorporación de representantes del Govern en las delegaciones gubernamentales en foros internacionales en los que se aborden políticas con dimensiones lingüísticas".

Las delegaciones también han pactado que se dote de financiación para lograr estos puntos, al tiempo que se comprometen a buscar las mayorías políticas para llevarlo a cabo.