Dos reuniones antes de fin de año y alusiones vagas al espionaje

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A pesar de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha evitado referirse al "conflicto político" en su comparecencia posterior a la reunión que ha mantenido con la 'consellera' Laura Vilagrà, la expresión sí aparece en el acuerdo marco. El texto recoge que cuando la mesa se reúna para que ambos ejecutivos "planteen su visión y sus propuestas para la resolución del conflicto político" lo hará "públicamente" y de manera alternativa en Madrid y Barcelona. "La voluntad de las partes es celebrar un mínimo de dos reuniones públicas de la mesa en lo que queda del año 2022, con acuerdos en cada una de dichas reuniones. En todo caso, las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considera necesario celebrar", dice el documento.

Apuesta por la vía política

Los dos ejecutivos se comprometen a "apostar por la vía política", en contraste con el sistemático recurso a la vía judicial que empleó el PP para luchar contra el independentismo. Además, aseguran que buscarán la aprobación de "medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones y que, a su vez, aumenten el grado de confianza mutua necesaria para seguir avanzando". Fuentes del Govern subrayan que el Ejecutivo central se compromete a no llevar a la mesa entre gobiernos asuntos que no están relacionados con el conflicto político.

Judicialización

En consecuencia, ambos ejecutivos se comprometen a "superar la judicialización" del conflicto, porque "incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones". Sin embargo, a petición del Gobierno el documento incluye también una alusión a la necesidad de garantizar la "seguridad jurídica". Como sucede en casi todos los pasajes del texto, ni es tan contundente como querría la Generalitat -no habla de la "represión" contra el soberanismo- ni da por superado el bache que ha supuesto el espionaje político, como busca el Gobierno. Pero el Govern interpreta que el texto permite atisbar un "compromiso de abordar la carpeta antirrepresiva con la finalidad de que nadie se sienta amenazado, inhabilitado o privado de libertad por defender unas ideas políticas". También defiende que "es la primera vez que el Gobierno del Estado español se compromete por escrito a avanzar de forma tangible en el proceso de desjudicialización del conflicto".

Respeto ideológico

A falta de acuerdos de más empaque, el acuerdo marco subraya que las conversaciones entre gobiernos se conducirán con "absoluto respeto" y con la aceptación previa de que los puntos de partida de ambas partes están muy alejados. "Los dos gobiernos se comprometen a facilitar un buen clima para la negociación de las propuestas, con la voluntad sincera de llegar a acuerdos parciales y, en su caso, a un acuerdo final. Dichos acuerdos deben partir del reconocimiento de las distintas visiones políticas y sociales y contribuir a superar las diferencias", añade el texto.

Espionaje

La Generalitat no ha logrado que el documento recoja más que algunas vaguedades sobre el espionaje al que se sometió a decenas de líderes políticos, entre ellos Pere Aragonès. El acuerdo marco que se ha presentado este lunes no se refiere al 'Catalangate' en concreto, ni explicita el compromiso de que no se repetirá que exige la Generalitat, y apenas alude a la necesidad de "garantizar en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya, rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial". El Govern cree sin embargo que "entre líneas" se puede leer una garantía de que el 'caso Pegasus' no se repetirá.