Los guardias civiles que detuvieron a los CDR niegan haber usado Pegasus y no aclaran el origen de la causa

Los seis guardias civiles que participaron en los atestados de los detenidos en septiembre de 2019 en la llamada Operación Judas no han aclarado a la defensa el origen de la investigación que supuso el procesamiento de 13 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por integración en organización terrorista y nueve de ellos también por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. Lo que sí han hecho es negar que las intervenciones telefónicas y seguimientos a los que se les sometió se utilizará cualquier sistema de los empleados por el CNI, como Pegasus, señalaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas, porque tanto el instituto armado como la Policía utilizan Sitel.

La citación se produjo a instancias de la defensa que pretendía saber cómo se llegó hasta los arrestados en la Operación Judas y, en concreto, el contenido de las diligencias abiertas en 2017 (durante el 'procés' independentista) de las que se derivó el sumario relativo al denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), al que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera una célula integrada por individuos de diferentes comités que “evidencian una gran radicalidad” y a la que se les habían encargado acciones más delicadas por su mayor predisposición y entrega "a la causa".

El juez se dispone a concluir la investigación por terrorismo contra los CDR

Emplear la violencia

El magistrado, que tiene previsto concluir la instrucción unos 10 días después de que las defensas tengan acceso a los audios e intervenciones telefónicas, como ordenó la Sala de lo Penal, considera que el objetivo final de los procesados era conseguir la independencia de Catalunya, empleando la violencia para forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos su separación del resto de España.

Pese a estar todos en libertad por orden de la Sala, el juez solo le retiró a uno la acusación al entender que carecía "de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación", lo que lo dejaba indefenso frente al "poder sancionador del Estado".

"No lo sé, no recuerdo"

Mientas que desde la acusación se destaca que los guardias civiles han ratificado los informes existentes en la causa en los que se les atribuye la tenencia de sustancias explosivas para preparar artefactos y haber planeado un asalto al Parlament, desde las defensas se señala que de los seis testigos solo la instructora de los atestados y el jefe de información de Catalunya entre septiembre de 2017 y mayo del 21 han admitido más conocimiento que uno meramente administrativo.

No obstante, fuentes presentes en la declaración aseguran que los dos se han escudado en que no recordaban el asunto concreto por el que se les preguntaba o la imposibilidad de contestar por ignorar si parte de la instrucción estaba secreta. Los abogados de Alerta Solidària presentes en la declaración han intentado que el juez reprendiera a los agentes, pero se toparon con la respuesta de que él "no podía obligar a nadie recordar nada".

La defensa, que sostiene que la Sala de lo Penal les ha amparado en su derecho a conocer todas las actuaciones en su totalidad hasta en siete resoluciones, tendrá acceso en los próximos días a los audios y grabaciones que el tribunal declaró que debían conocer el pasado mes de marzo. Con ellos quieren determinar si este procedimiento está de alguna forma relacionado con otras causas contra el independentismo y, en concreto, la investigación desarrollada por el CNI contra 18 de los más de 60 independentistas afectados por Pegasus.