Por los contratos del Ayuntamiento de Trujillo
El Supremo tomará declaración como imputado al diputado del PP Alberto Casero el 20 de junio
El magistrado Palomo le interrogará por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por los contratos que suscribió en Trujillo
Alberto Casero / David Castro
Por qué confiar en El Periódico Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha citado a declarar como imputado el próximo 20 de junio al diputado del PP que se dio a conocer al equivocar su voto y ser crucial para la aprobación de la reforma laboral, Alberto Casero, en la causa abierta por los acuerdos y contratos de servicios que firmó como alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, hechos por los que la fiscalía del alto tribunal aprecia indicios de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La citación de Casero como imputado en el alto tribunal era solo cuestión de tiempo una vez que el pasado 31 de marzo su Sala de lo Penal acordó abrir causa en su contra al aceptar la exposición razonada remitida por un juzgado de primera Instancia e instrucción de Trujillo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo entendió que debía investigar al aforado por los acuerdos y contratos de servicios que realizó en el municipio cacereño sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Cuatro contratos
En ese auto la Sala Segunda recogía una síntesis de los hechos atribuidos al cercano colaborador del exsecretario general del PP Teodoro García Egea por los contratos, acuerdos o convenios que concertados, como alcalde de la localidad extremeña, en 2017 y 2018. Uno fue firmado con un psicólogo para las víctimas machistas de la localidad sin que ni siquiera lo supiera la comisión municipal correspondiente y otro con la Cámara de Comercio de Perú, sin decírselo a los servicios económicos y jurídicos municipales.
Los otros dos contratos objeto de la denuncia fiscal que dio origen al procedimiento penal son por el patrocinio con una asociación cultural y con una empresa de comunicación para organizar un evento y para promocionar la Feria del Queso, una de las principales actividades turísticas de Trujillo y cuya organización corresponde a un consorcio del que forma parte el propio Consistorio. Los acuerdos suscritos por Casero han supuesto la condena del Ayuntamiento para hacer frente a los pagos acordados.
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