La fiscalía del Supremo ve prevaricación y malversación en los pagos del diputado del PP Alberto Casero

La Fiscalía del Tribunal Supremo ve suficientes indicios de que el diputado del PP Alberto Casero pudo cometer los delitos de malversación y prevaricación como para investigarle y juzgarle en el alto tribunal por varios contratos que firmó como alcalde de la localidad cacereña de Trujillo, al margen de los órganos municipales competentes, por los que el Ayuntamiento acabó siendo condenado por su impago.

Casero, que para su pesar salió el anonimato al haberse equivocado a la hora de votar la reforma laboral del Gobierno a la que se oponía su partido, es aforado y por tanto solo puede ser investigado y juzgado por el Supremo ante la que se dirigió la jueza que le investigó en Trujillo a través de una exposición razonada que apoya el ministerio público.

En un informe de cinco páginas, al que ha tenido acceso este diario, el que fue uno de los más estrechos colaboradores del exsecretario general del PP Teodoro García Egea, como su encargado de organización, se saltó todos los órganos competentes municipales para hacer contratos municipales con un psicólogo para asistir a víctimas de violencia machista, sin informar a la Comisión de Violencia de Género local, con la Cámara de Comercio de Perú y con asociaciones culturales y empresas de comunicación.

Psicólogos y ferias

La fiscalía atribuye a Casero haber contratado el 3 de marzo de 2017 a Pablo Bonilla como psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, servicio por el que cobró cuatro facturas por 6.120 euros. El 29 de agosto de ese mismo año firmó también un contrato menor por valor de 18.000 euros anuales.

"Todo ello fue realizado por Casero sin informar ni aportar al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto". Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura, porque a la Comisión de Violencia de Género "no le consta ninguna actuación" por parte de esta persona.

El entonces alcalde también firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros, sin informar a los servicios económicos ni jurídicos del Consistorio ni dar copia del convenio al interventor. Pese a superar los 18.000 euros, que obligan a su licitación, no se le dio publicidad, ni pasó por el pleno, ni siquiera hubo una resolución de la Alcaldía al respecto.

Además, acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio de un patrocinio institucional de 18.000 euros sin comunicárselo a ningún órgano municipal ni tramitar el correspondiente expediente. Con el mismo sistema, en 2018 firmó un convenio, por el que se comprometió a aportar otros 9.000 euros.

El 9 de enero de 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado, según la nota de reparo del interventor, porque no podía seguir los trámites de un contrato menor. La organización de esta feria corresponde a un consorcio del que forma parte el propio Ayuntamiento. Dentro de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior para promocionarla por un importe superior a los 15.000 euros

La fiscalía señala que ante la negativa municipal a desembolsar las cantidades firmadas por Casero, varias de estas empresas llevaron al Ayuntamiento de Trujillo a los tribunales y fue condenado a saldar las deudas.