Los morados se abstienen

La ley audiovisual provoca la primera ruptura entre PSOE y Unidas Podemos en un proyecto del Gobierno

  • Una enmienda de los socialistas, que beneficia a los grandes operadores de televisión, aleja a los morados y a la mayoría de socios habituales de legislatura

  • La norma, que ha puesto en pie de guerra a los productores independientes, sale adelante hacia el Senado gracias al giro del PP a la abstención

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, este 26 de mayo de 2022 en su escaño en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, este 26 de mayo de 2022 en su escaño en el Congreso de los Diputados. / EFE / MIGUEL OSÉS

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

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Juanma Romero
Juanma Romero

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Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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PSOE y Unidas Podemos protagonizaron este jueves en el pleno del Congreso su primera ruptura en torno a un proyecto de ley del Gobierno. La Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada gracias a la abstención del PP, fue la culpable de que socialistas y morados hayan votado de manera diferente por primera vez en dos años ante una norma que emana del propio Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos se abstuvo después de que el PSOE incluyera una enmienda técnica a última hora que beneficia a los grandes operadores televisivos, Atresmedia (el grupo que cobija a Antena 3 y La Sexta) y Mediaset (que aglutina a Telecinco y Cuatro), y que también generó el rechazo en cadena de los socios habituales del bipartito y, por descontado, de los productores independientes, que se consideran agraviados por la nueva redacción.

Nunca antes en la legislatura un proyecto de ley del Gobierno había recibido un apoyo tan bajo, 130 síes, los del PSOE, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria. Pero la práctica totalidad de los socios habituales del Ejecutivo —ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el PDECat...—, además de Vox, votaron en contra (83 noes). El texto fue salvado por la abstención del PP, posición que también defendieron Cs y Foro Asturias y en la que se instaló, en el último momento, y de manera muy significativa, Unidas Podemos. En total, 131 diputados. La norma aún tendrá que pasar por el Senado y si allí se introducen modificaciones, volverá a la Cámara baja, aunque no se prevén sorpresas.

Tensiones internas

Pese a las negociaciones de última hora y al máximo nivel, los dos partidos del Gobierno de coalición no lograron un entendimiento. La pasada semana, ambas formaciones tenían cerrado un acuerdo sobre la ley audiovisual, pero las modificaciones introducidas por los socialistas —disfrazadas como una enmienda técnica— llevó a los morados a romper la disciplina de voto que se pactó al comienzo de la legislatura. Los morados estuvieron hasta el último momento barajando todas las opciones, incluido el voto en contra, que habría hecho peligrar la norma. Unidas Podemos considera su ruptura más que justificada. Fuentes del grupo recalcaban que era el PSOE quien "traicionó" el acuerdo que ambas formaciones habían alcanzado en el seno del Gobierno y "pervirtió" la redacción al incluir esta enmienda. Además, en las filas moradas lamentaban que los socialistas no estén cuidando el bloque progresista y se estén apoyando en el PP. Los profesionales del sector creen que la nueva norma firma la "sentencia de muerte" para la producción independiente.

Unidas Podemos cree que los socialistas "traicionaron" el acuerdo alcanzado, mientras que estos sostienen que había que buscar un "equilibrio" y reconocen la "presión de Atresmedia y Mediaset

Para el PSOE, en cambio, fue Unidas Podemos quien "no resistió la presión" de los productores independientes, porque la semana pasada, cuando se votó el dictamen en comisión, el texto salió adelante con el apoyo de los morados, PSOE, PNV y ERC y la abstención de Cs y Bildu. Fuentes del sector socialista del Ejecutivo reconocían también la "presión" de Atresmedia y Mediaset, clave para el giro, aunque también aducían que la ley se había "torcido" y peligraba el apoyo de los socios habituales, por lo que había que "moverse" para atraerse al PP.

Otras fuentes del partido señalaban que, simplemente, UP "jugó a tener su espacio" y, como sabía que la ley no corría ya peligro por la abstención de los conservadores, encontró su forma de diferenciarse. La enmienda, decían, respondía al "equilibrio" que debía hallarse entre todos los actores implicados en una ley compleja técnicamente. "No se trata de premiar a las grandes, sino de dar con la mejor opción", razonaban. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, responsable del texto, sostenía ese argumento: "Era muy difícil lograr el adecuado equilibrio. Creo que lo hemos conseguido para impulsar la industria audiovisual, proteger a los productores independientes, cuyo apoyo va a multiplicarse por cuatro o cinco veces respecto a lo que teníamos anteriormente". Y es que se multiplica por cuatro el coeficiente de reserva para el trabajo de las productoras. "No había presión para el voto, la mayoría era muy amplia", justificaba en 'La noche en 24 horas' el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, que apelaba también a ese "equilibrio" entre los actores y a la voluntad de ampliar esa mayoría en el trámite en el Senado.

Cambiar una palabra

La modificación introducida por los socialistas beneficia al duopolio televisivo. Es decir, a Atresmedia y Mediaset. Con la redacción incluida en el dictamen, se cambiaba una sola palabra ("un" por "dicho") pero con ello se alteraba todo el sentido, ya que con ella se considera que las productoras satélite de las grandes cadenas (lo es, por ejemplo, Buendía Estudios, participada por Atresmedia y Telefónica al 50%, o Mediterráneo, el conglomerado de productoras de Mediaset) son "independientes" si realizan obras para terceros.

La ley ha dado muchísimas vueltas: fue condición para ERC en la negociación de los Presupuestos de 2022 y pasó de apoyar el dictamen la semana pasada a votar en contra de la ley este mismo jueves

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Así, "se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador de servicio de comunicación audiovisual" y "a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual". Fuentes del sector consideran que esta formulación alivia a los grandes operadores al menos el peso de las otras obligaciones que recoge la ley audiovisual, como la producción en lenguas cooficiales.

La ley audiovisual ha dado muchísimas vueltas en los últimos meses: ERC la situó como su prioridad irrenunciable en la negociación de los Presupuestos de 2022, para que se introdujera una cuota de protección de las lenguas cooficiales. PSOE y ERC llegaron a un pacto y la redacción consensuada se ha mantenido hasta el final, pero no ha servido para el último tirón en el pleno de este jueves. El PP, que había rechazado el dictamen, pasó sin embargo en una semana del no a la abstención con el argumento de que la norma debía aprobarse ya porque, procedente de una directiva europea, tenía que haberse traspuesto en septiembre de 2020.