Uno de los dos integrantes de la célula condenados

Driss Oukabir invoca la 'doctrina Atristain' y pide anular su condena por el 17-A

La defensa argumenta que sus declaraciones fueron "esenciales" para su condena y se obtuvieron mientras estuvo incomunicado

El Supremo, consciente del efecto que la sentencia europea podía tener en otros procedimientos, instó su recurso

Varias personas depositan flores en el aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017. de agosto de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Durante el acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, ha

Varias personas depositan flores en el aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017. de agosto de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Durante el acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, ha / EP

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

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Driss Oukabir, uno de los miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, ha pedido a la Audiencia Nacional que le aplique la denominada 'doctrina Atristain' para que se anulen las actuaciones que siguieron a su detención, porque considera que se produjeron irregularidades, y le supusieron un condena de 46 años de prisión.

En el escrito presentado ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que aún tiene pendiente revisar la condena, su abogado, Luis Álvarez Collado, sostiene que, como en el caso del etarra Xabier Atristain, Oukabir fue sometido a un régimen de incomunicación que le privó de preparar bien con su abogado de oficio su defensa.

Recurso en Europa

La Abogacía del Estado recurrió la sentencia europea que dio la razón al miembro de ETA con distintos argumentos, entre los que figuran la repercusión que puede tener en otros casos, especialmente graves, porque la ley antiterrorista prevé la incomunicación de los detenidos durante cinco días, en los que solo pueden ser asistidos por abogado de oficio. No obstante, también destacaba las peculiaridades de su caso, en las que el abogado de oficio que se le asignó no asistió a unas diligencias.

Con la sentencia europea en la mano, Atristain acudió al Tribunal Supremo para que le aplicara lo que se había establecido y se decretara la nulidad de actuaciones del procedimiento en el que se le condenó a 17 años de cárcel por pertenencia a ETA. Pero el alto tribunal decidió esperar a que el fallo conocido el pasado 18 de enero sea en su caso confirmado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante la que ha recurrido el Ministerio de Justicia.

Durante la incomunicación

El escrito de Oukabir, planteado como cuestión previa a la revisión en apelación de las sentencia que le condenó, se centra en "la aplicación del periodo de incomunicación para un detenido por delito de terrorismo" y en concreto en cómo se le aplicó a él. Añade que el "pronunciamiento del TEDH sienta jurisprudencia, de manera que afectará a todos los presos condenados por terrorismo en cuyos procesos haya jugado un papel clave el periodo de cinco días de incomunicación".

Afirma que las declaraciones que Oukabir prestó en ese momento fueron "esenciales para la investigación de los hechos y su posterior condena", lo que obliga a que sean anuladas, porque "el régimen de incomunicación al que se sometió a Oukabir, también privó, como a Atristain, del total de servicios para su asistencia legal -preparar, organizar y discutir su defensa- que Europa exige poner a su disposición".

La aplicación de la doctrina

Desde que el TEDH dictase la referida sentencia, algunos condenados por la Audiencia Nacional han solicitado que se les aplique la doctrina. Ese es el caso de la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal, que ha presentado este mismo mes un recurso de casación en esta línea contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a 24 años y medio de prisión por dos atentados en Gijón, informa Europa Press.

En otros casos, como el del también exdirigente etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', la aplicación de la doctrina ha servido para eludir una condena. La Sala le absolvió el pasado 11 de mayo por el asesinato de un guardia civil en Bilbao.