Caso Pegasus

Bolaños se enroca en una defensa a ultranza del CNI para superar la tensión interna por Pegasus

Aunque el ministro había asegurado horas antes que de su departamento no depende la seguridad de las comunicaciones del Gobierno, ha evitado después dar más concreciones

El titular de Presidencia se ha comprometido a aprobar este año, en el Consejo de Ministros, un proyecto de nueva ley de secretos oficiales, tal y como figura en el Plan Normativo presentado a principios de año

6
Se lee en minutos
Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

ver +

"El CNI se dedica a salvar vidas calladamente". "El CNI, como todas las instituciones democráticas, actúa conforme a Derecho y con todas las garantías". "Se abre una nueva etapa en el CNI para reforzar la ciberseguridad y luchar contra la ciberdelincuencia".

Las tres frases pertenecen a la misma persona y al mismo momento: al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la Comisión Constitucional del Congreso, ante la que ha comparecido este miércoles. Ha sido, por ahora, la intervención pública más exigente, duradera y compleja a la que ha debido enfrentarse un alto representante del Ejecutivo desde que irrumpió el escándalo del espionaje hecho con el software Pegasus. La de la titular de Defensa, Margarita Robles, hace una semana también lo fue, pero entonces no se habían producido destituciones o relevos. Ya sí.

Ha sido relegada la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y el presidente, Pedro Sánchez, ha esbozado el porqué: "Por un claro fallo en la seguridad de las comunicaciones". El mandatario socialista, en la sesión de control, no aportó más detalles y la oposición ha protestado con dureza, pues considera la mayoría de los grupos que quedan muchas preguntas sin respuesta, muchas dudas que aclarar. Bolaños no ha rellenado esas lagunas, a decir verdad, ya que ha empleado una expresión similar, "brechas de seguridad". Sin embargo, ha enviado un mensaje a los partidos de derechas y a los de izquierdas, sean independentistas o no. Ese mensaje lo ha reiterado en numerosas ocasiones: la defensa del Centro Nacional de Inteligencia. Ni un atisbo de cuestionamiento sobre sus actuaciones secretas y/o reservadas.

Si bien, durante la sesión de control, el ministro de Presidencia llegó a decir que de su departamento no dependen los protocolos de seguridad de las comunicaciones, durante la sesión de la Comisión no ha incidido en ello ni ha hecho comentario alguno. El vacío lo ha aprovechado el portavoz de Cs, Edmundo Bal, para contradecir la afirmación previa y recordar el Real Decreto 373/2020, sobre la estructura del Ministerio de Presidencia. El artículo 7.4.e, que se refiere a la Subsecretaría de este organigrama, apunta esta competencia: "elaboración, desarrollo y ejecución de los planes estratégicos y operativos en materia de sistemas de información y telecomunicaciones"; más adelante precisa otra, relacionada: la gestión de los sistemas destinados a garantizar su "interoperabilidad, seguridad y calidad".

Ofensiva de la oposición, en Balde

La sesión de la Comisión Constitucional de este miércoles, cuyo orden del día constaba de diez puntos, entre ellos el espionaje a dirigentes independentistas, se vislumbró la semana pasada como un punto de inflexión en el diseño de las explicaciones del Gobierno sobre Pegasus y sus repercusiones, que han alcanzado a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Para lo que ha servido ha sido para mostrar que en el Ejecutivo impera la consigna de cerrar la crisis abierta, interna y externamente. La primera ha saltado a la opinión pública porque han trascendido las divergencias entre los equipos de Presidencia y Defensa. La segunda ha servido para que se tambaleara el juego de alianzas parlamentarias.

Sabedor de que la oposición iba a dedicarse al caso Pegasus en exclusiva o casi en exclusiva, Bolaños ha efectuado una intervención inicial de apenas 30 minutos sin una sola mención al espionaje ni al CNI. Ha hablado sólo sobre otro de los puntos del orden del día: el grado de ejecución del Plan Normativo de 2021, que ha cifrado en más de un 90%. Los grupos, efectivamente, han "pasado" de ello y han criticado desde el minuto uno la gestión de las escuchas e intromisiones telefónicas y la gestión del papel que ha ejercido el CNI.

Bolaños, en consecuencia, ha desplegado los argumentos que llevaba preparados. Por una parte, una defensa sobre la función de los servicios de inteligencia españoles, que "salvan vidas calladamente". Por otra, una defensa aún más acérrima de su encaje institucional en la democracia española, ya que todo lo hace "con arreglo a la ley" y dentro del engranaje del Estado de Derecho; y también una defensa encendida del cambio aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el relevo de Paz Esteban. "Ahora se abre una nueva etapa con nuevos retos tras las brechas de seguridad" detectadas.

El ministro ha pedido a varios portavoces, en concreto a Mireia Vehí, de la CUP, y a Jaume Asens, de Unidas Podemos, que no basen sus reproches en "conjeturas", sino en "hechos". Hechos, ha indicado, que explican la secuencia de decisiones adoptadas por el Gobierno: la puesta en marcha de un control interno, la puesta a disposición del Defensor del Pueblo en la investigación que lleva a cabo y la supeditación a las decisiones que pueda tomar la Audiencia Nacional ante el "delito" identificado por el Centro Criptológico Nacional y que el Gobierno ha denunciado: las intromisiones en los móviles de Sánchez y de Robles (más tarde se ha sabido que pasó lo mismo en el de Fernando Grande-Marlaska).

Al respecto, el ministro de Presidencia ha destacado la voluntad de colaboración del Gobierno con la justicia, lo que abarca la desclasificación de documentos confidenciales.

Otra decisión recordada por Bolaños ha sido la constitución de la comisión parlamentaria de gastos reservados (o secretos oficiales), a su juicio el órgano del Congreso más adecuado para abordar un tipo de información que no puede trascender por razones de seguridad. Es justo lo que abordó la semana pasada, cuando recibió a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia. El ministro, en esta línea, ha respondido a los que mantienen la idoneidad de la comisión de investigación que no ha lugar, porque "quien sabe no podría hablar y quien podría hablar no sabe". Las leyes que regulan tanto el CNI como esas materias secretas no lo permiten.

Un nulo interés por la agenda legislativa

Resultaría preocupante, ha subrayado el ministro, que se hubieran producido escuchas ilegales por parte de instituciones del Estado, es decir, sin aval judicial previo de los magistrados del Tribunal Supremo asignados para ello. Eso, de haberse producido, "no lo puede admitir" el Gobierno, de ahí la necesidad de que la Audiencia investigue.

La defensa a ultranza del CNI y de la cadena de decisiones adoptadas por el Ejecutivo para dar carpetazo a la crisis provocada por Pegasus ha recorrido toda la comparecencia. En segundo plano ha quedado el ritmo de aplicación de la agenda legislativa.

Noticias relacionadas

Tan en segundo plano que, nada más comenzar la réplica, Bolaños ha recriminado a los diputados que le hayan dejado "ese mal sabor de boca". "Están aquí para mejorar la vida de los españoles", ha proclamado el ministro, al que Sánchez ha encargado el cuidado de las relaciones parlamentarias. Su intento por desgranar la "hoja de ruta" normativa ha resultado infructuoso, aunque no por ello la ha cuestionado; al contrario.

El Gobierno tiene previsto, para este año, impulsar leyes como la "trans", la de vivienda, la de cohesión del sistema nacional de salud o la de evaluación de las políticas públicas. "Son las cosas del comer", ha enfatizado Bolaños antes de incidir en que ésta será su prioridad, por encima de lo que depare la actualidad y a pesar de tantos "momentos históricos" vividos desde enero de 2020, pandemia sobre todo. Para cumplirla, ha reclamado "estabilidad parlamentaria".