Votación

El espionaje al independentismo no evitará que se apruebe el decreto sobre la invasión en Ucrania

Las medidas para atenuar el impacto de la guerra contarán con el apoyo de los aliados del Gobierno, incluido ERC

El espionaje al independentismo no evitará que se apruebe el decreto sobre la invasión en Ucrania
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Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

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Saber que más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos han sido espiados desde sus teléfonos móviles gracias a un software israelí llamado Pegasus no ha ayudado mucho a mejorar las relaciones políticas entre el PSOE y sus aliados en el Congreso. Del mismo modo que las temporadas futbolísticas entran en su fase decisiva a partir de marzo, a las legislaturas les pasa lo mismo a partir de su ecuador. Queda un año y medio largo para que Pedro Sánchez convoque elecciones generales y el bloque parlamentario que ha impulsado las leyes del Gobierno sigue vivo, pero entre suspicacias y amenazas veladas.

ERC, una vez más, está en el epicentro de la vorágine política. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha amenazado con retirar el apoyo de los 13 diputados de su formación. Ejecutar la advertencia comprometería la agenda del Ejecutivo de coalición sobremanera, justo cuando comienza la fase decisiva de la legislatura. La aritmética en el Congreso, en la forja de mayorías, es muy compleja y perder 13 votos de un grupo con afinidad progresista y sintonía en lo social obligaría a rastrear apoyos por otros lados, por ejemplo por el lado de Ciudadanos, nueve escaños.

El primer examen en el que se verá si el bloque de la investidura de Pedro Sánchez goza de buena salud se producirá dentro de ocho días. El jueves de la semana que viene el pleno debatirá y votará el decreto de las medidas propuestas por el Gobierno para combatir los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania. Fuentes parlamentarias que han negociado el contenido del texto aseguran a este medio que habrá aval porque los habituales aliados, en especial ERC, lo van a apoyar. El escenario en el que se está moviendo el Ejecutivo, de hecho, apunta a un nivel de apoyo similar al cosechado por los presupuestos de 2020 y por los vigentes, en el entorno de los 190 síes.

Estas mismas fuentes indican que las conversaciones seguirán, pues las confirmaciones de los votos aún no se han producido. Cuentan con posibles cambios de última hora y no ocultan que la repercusión de lo que se ha llamado "catalangate" puede provocar oscilaciones inesperadas. De todos modos, admiten, sería extraño desaparecer de la foto del respaldo a unas medidas que, en términos globales, movilizan 16.000 millones de euros en varios ámbitos, incluidos los del Ingreso Mínimo Vital o alquiler de vivienda.

Fuentes de los grupos catalanes reconocen que la convalidación está garantizada casi al 100%. Es conveniente, explican, deslindar el alcance de un decreto con medidas urgentes, como las derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, de un conflicto político como el del espionaje con el sistema 'Pegasus', por muy grave que sea.

Por tanto, en el Gobierno, aunque con prudencia, se muestran optimistas. Ven el decreto más cerca de la convalidación que de la derogación, que si se produjera, sería una derrota política en toda regla. De hecho, admiten sus fuentes que lo que le inflige más suspense es la decisión final que adopte el PP. Piensan que la abstención será su voto, pero no se fían. Tampoco de Cs, al que ven bailando entre el "no" y esa misma abstención. A Vox lo sitúan en el "no" claramente.

Y a partir de ahí, más las excepciones de la CUP, Foro, los ex de UPN, la coalición de PSOE y Unidas Podemos solo suma apoyos o potenciales apoyos.

Cómo acechar al Gobierno por "Pegasus"

Tal y como han adelantado este diario, el presidente del Govern se reunirá este jueves en el Congreso con los diputados de las formaciones catalanas afectadas por los casos de espionaje del citado software israelí, así como con los de EH Bildu, grupo en el que el diputado Jon Iñarritu es otra víctima de interceptaciones.

Además, según ha informado el grupo parlamentario del PNV, Aragonès tendrá una conversación telefónica con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también muy crítico con lo que ha trascendido hasta el extremo de solicitar al Ejecutivo que dé toda las explicaciones oportunas. Unidas Podemos comparte esa línea y todo apunta a que apoyará algunas de las exigencias de las formaciones afectadas.

Sobre la mesa, aparte de la máxima presión política, una serie de reclamaciones, entre ellas que haya explicaciones por parte de los dos ministros a los que van dirigidas todas las sospechas: Fernando Grande-Marlaska, de Interior; y Margarita Robles, de Defensa. Habrá otras encima de la mesa. La creación de una comisión de investigación será una exigencia a partir de la semana que viene, pues tanto ERC como EH Bildu, JxCat, PDeCAT, la CUP y formaciones como BNG, Más País, Compromís y PNV han registrado la propuesta.

El porvenir de esa comisión, sin embargo, es dudoso. El trámite que sigue el Congreso no augura un desenlace a favor de los intereses de los firmantes. La Mesa, en la reunión de la semana próxima, emitirá su opinión, previo criterio de los letrados. Es más que probable que éste sea favorable, a tenor de peticiones similares registradas con anterioridad.

Los problemas se irán sucediendo a partir de entonces, ya que la formación de la comisión depende del pleno, y por tanto, de que la Junta de Portavoces incluya el punto en el orden del día. Eso depende de la mayoría. Si PSOE, PP, Vox y Cs se niegan, como todo apunta que pasará, la investigación parlamentaria no podrá ser debatida ni votada por el pleno. Cuando acabe el periodo de sesiones presente, el 30 de junio, la propuesta decaerá.

El control parlamentario al CNI

Otra de las iniciativas que promoverán los grupos afectados será la constitución de la Comisión de Gastos Reservados, conocida en el Parlamento como la "comisión del CNI". Lleva sin crearse desde que empezó la legislatura, incluso desde antes, desde marzo de 2019, lo que es una anomalía en toda regla, una irregularidad, fundamentalmente porque una ley obliga a ello. Es una norma aprobada en 1995 cuya finalidad es la regulación y el control de las partidas presupuestarias destinadas a reforzar la seguridad del Estado, que manejan sobre todo los ministerios de Exteriores, Interior, Defensa y Justicia. Su relevancia queda demostrada en uno de los aspectos de la mencionada ley: cambiar estas partidas necesita el "ok" de la comisión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que sobre "Pegasus" dará las explicaciones pertinentes en la Comisión de Gastos Reservados. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por su parte, recalcó este martes que no podría decir mucho al respecto por tratarse de asuntos de seguridad nacional. El Gobierno, en cualquier caso, ha negado que haya usado ese software para espiar a los dirigentes independentistas.

Cuando Robles afirma que en la Comisión de Gastos Reservados tratará la polémica, lo hace porque sabe que las sesiones de este órgano parlamentario son secretas y porque es el lugar específico para ello, tal y como demuestran polémicas que precedieron a esto. No puede trascender nada de lo que se diga, y si se enseñan documentos, los diputados que asistan podrán verlos y tomar notas, pero nunca fotografiarlos.

Pero esta comisión no ve la luz porque, para formarse, los diputados que la integren, generalmente los portavoces, necesitan 210 votos, la mayoría de tres quintos. Conseguirlo pasa por un pacto previo entre PSOE y PP que, de momento, no ha cuajado. Desde hace meses, los socialistas, apuntan fuentes del grupo, están dispuestos a superar sus rencillas; en el PP, sin embargo, no ven bien que un grupo como EH Bildu esté presente. Obligatoriamente, han de estar en la Comisión todos los grupos representados en el Congreso.

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ERC, según avanzó Europa Press, quiere que se cree ya este órgano del Congreso. Lo van a pedir. La viabilidad es cuestionable precisamente por ese necesario pacto previo entre socialistas y populares.

Se avecinan tiempos convulsos en el Congreso, pues las relaciones entre el PSOE y sus aliados no están en su mejor momento.