'Catalangate'
El Parlament estudia llevar a la fiscalía el espionaje al independentismo
Los partidos intentan consensuar una declaración conjunta que condene la vigilancia a través de sus teléfonos móviles
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Maniobras desde todos los niveles para que el espionaje al independentismo sea investigado. Si bien algunos de los 67 dirigentes que fueron espiados con dos software israelíes (Pegasus y Candiru) ya avanzaron desde Bruselas que estudian posibles querellas individuales y colectivas, el Parlament quiere abanderar también su propia reacción.
La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que también fue vigilada, ha propuesto a la Mesa que inste a la fiscalía a investigar si se han cometido delitos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, el órgano parlamentario ha acordado que los servicios jurídicos se pongan manos a la obra para presentar el escrito y tratar así de buscar unas asunción de responsabilidades. Esto no quita que la Cámara pueda también acompañar, como parte afectada, las medidas legales que individualmente cada persona quiera emprender.
Paralelamente, los grupos parlamentarios están discutiendo una declaración conjunta que condena este espionaje y que pide reparaciones, que se debatirá y se discutirá en el pleno de la próxima semana.
Peticiones de dimisión
Borràs, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ya ha dicho que iba a impulsar acciones legales conjuntas porque hasta 25 diputados de este y otras legislaturas anteriores han sido vigiladas. Está por ver si los grupos acuerdan también otro texto conjunto que pueda llevarse al pleno y someterse a votación.
"Ninguna de estas acciones puede quedar impune", ha dicho Borràs, que ha avanzado que individualmente también emprenderá "la batalla legal" para que el caso tenga, al menos, "consecuencias reputacionales" para el Estado.
Por otro lado, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, por permitir esta "guerra sucia estructural".
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