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El Parlament estudia llevar a la fiscalía el espionaje al independentismo

  • Los partidos intentan consensuar una declaración conjunta que condene la vigilancia a través de sus teléfonos móviles

Laura Borràs.

Laura Borràs. / FERRAN NADEU

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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Maniobras desde todos los niveles para que el espionaje al independentismo sea investigado. Si bien algunos de los 67 dirigentes que fueron espiados con dos software israelíes (Pegasus y Candiru) ya avanzaron desde Bruselas que estudian posibles querellas individuales y colectivas, el Parlament quiere abanderar también su propia reacción.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que también fue vigilada, ha propuesto a la Mesa que inste a la fiscalía a investigar si se han cometido delitos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, el órgano parlamentario ha acordado que los servicios jurídicos se pongan manos a la obra para presentar el escrito y tratar así de buscar unas asunción de responsabilidades. Esto no quita que la Cámara pueda también acompañar, como parte afectada, las medidas legales que individualmente cada persona quiera emprender.

Paralelamente, los grupos parlamentarios están discutiendo una declaración conjunta que condena este espionaje y que pide reparaciones, que se debatirá y se discutirá en el pleno de la próxima semana.

Peticiones de dimisión

Borràs, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ya ha dicho que iba a impulsar acciones legales conjuntas porque hasta 25 diputados de este y otras legislaturas anteriores han sido vigiladas. Está por ver si los grupos acuerdan también otro texto conjunto que pueda llevarse al pleno y someterse a votación.

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"Ninguna de estas acciones puede quedar impune", ha dicho Borràs, que ha avanzado que individualmente también emprenderá "la batalla legal" para que el caso tenga, al menos, "consecuencias reputacionales" para el Estado.

Por otro lado, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, por permitir esta "guerra sucia estructural".