Dimite Cristian Alcázar, el teniente de alcalde de L'Hospitalet investigado por corrupción

Las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet se han cobrado una víctima política de peso. Cristian Alcázar, el teniente de alcalde de la localidad investigado por presunta estafa y malversación de fondos, ha anunciado este miércoles que dimite de su cargo, de regidor y de primer secretario de la Federación del PSC de dicha localidad. Su decisión se produce pocas semanas después de que la fiscalía haya solicitado 4 años y seis meses de cárcel por el despido presuntamente simulado de un directivo de la entidad. Esta es una pieza separada de la causa que investiga el supuesto desvío de fondos del Consell Esportiu y por la que está también imputado él y otros altos cargos del consistorio, entre ellos la alcaldesa, Núria Marín.

En un comunicado, Alcázar asegura que pretende "concentrarse en su defensa", a la vez que "reitera" su inocencia e insiste "en su determinación para seguir colaborando con la justicia para esclarecer los hechos que se investigan". Detalla que da este paso para "despejar cualquier duda" sobre su gestión en el Consell Esportiu y en el consistorio y "en favor de su partido", el PSC. El hasta ahora regidor comunicó su decisión el martes por la noche en le Ejecutiva local del PSC, según las fuentes consultadas. El miércoles de la semana próxima, durante el pleno, se hará efectiva su renuncia como concejal. Cabe la posibilidad de que se nombre una gestora para dirigir por el momento el partido socialista en l'Hospitalet.

La Policía Nacional sitúa a Alcázar como uno de los responsables de la trama que rodea al Consell Esportiu, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del deporte. En los informes aportados a la causa, los investigadores destacan la "pasividad, permisividad o dejadez" ante la falta de control de las subvenciones públicas por valor de unos 200.000 euros anuales, así como una presunta ocultación de ingresos, un desbarajuste contable y un posible "enriquecimiento ilícito", entre otras irregularidades.

Las pesquisas han ido revelando cómo, presuntamente, se contabilizó unos ingresos inferiores a los realmente obtenidos, no se justificaron algunas subvenciones, se autorizó cargar gastos impropios y se permitió actuar supuestamente con ánimo de lucro a un organismo financiado al 100% por el erario. "Esta falta del debido control es aparentemente atribuible en responsabilidad al Ayuntamiento de L'Hospitalet por ser el otorgante de la subvención pública", insisten los agentes. La policía no implican en esta parte de la investigación a Marín, que sigue imputada por, supuestamente, hacer caso omiso a las advertencias sobre las anomalías. Algo que ella negó ante el juez.

Asimismo, en una pieza separada de esta causa, la fiscalía reclama cuatro años y medio de prisión para Alcázar y para el exconcejal del PSC Cristian Plaza por un delito de estafa y otro contra la Seguridad Social por el despido presuntamente simulado de este último cuando ejercía como directivo del Consell Esportiu y por el que cobró 47.147 euros.