La fiscalía pide 4 años y seis meses de prisión para el teniente de alcalde de L'Hospitalet

La fiscalía reclama cuatro años y medio de prisión para el actual teniente de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, y para el exregidor del PSC Cris Plaza por un delito de estafa y otro contra la seguridad social por el despido presuntamente simulado de este último cuando ejercía como directivo del Consell Esportiu de esta localidad y por el que cobró 47.147 euros. Esta es una pieza separada de la presunta malversación de fondos que se investiga en esta entidad de promoción del deporte en el que figura como imputados altos cargos del consistorio, entre ellos Núria Marín.

El denunciante del 'caso Consell Esportiu', el concejal Jaume Graells, aseguró en su día que el despido no se había acordado y que, tal y como explicó Plaza, que había permanecido 17 años en esa entidad. fue una renuncia voluntaria. “Relevo pactado”, tituló el diario municipal de L’Hospitalet. De hecho, seis meses después, el grupo municipal del PSC le contrató como asesor y en 2019 entró como concejal, encargándose del área de Deportes. En diciembre del 2020, al estallar el caso, dejó el acta.

La fiscalía sostiene que en fecha no determinada, pero en todo caso a finales de 2016, Alcázar, a la sazón teniente de alcalde y concejal de deportes y juventud del Ayuntamiento de L'Hospitalet y presidente del Consell Esportiu, y Plaza "concertaron sus voluntad con el fin de, so pretexto de poner fin a la relación laboral", permitir que éste último obtuviera un "indebido beneficio económico".

A espaldas del consistorio

La acusación subraya que ese acuerdo de despido y el pago de la indemnización correspondiente se realizaron "a espaldas" del ayuntamiento y, sobre todo, de los órganos de gobierno del Consell Esportiu y su asamblea general. De esta manera, los dos acusados privaron "conscientemente" de dicha información a los organismos citados "con la intención de mantener una situación de normalidad". Al entender de la fiscalía, "pese a lo pactado", la realidad "era radicalmente" opuesta a la descrita, pues "no concurrían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido".

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En este mismo sentido, el escrito de acusación precisa que Plaza remitió en diciembre del 2016 una carta a sus amigos y conocidos vinculados al Consell Esportiu en el que expresaba que ese mismo mes "ponía punto y aparte a su vinculación con el deporte”, celebrando los días 19, 20, 21 y 22 hasta cuatro actos de despedida, "circunstancias ambas que parecen compadecerse mal con una situación de despido".

Esta "alteración consciente de la realidad", insiste la fiscalía, permitió que el acusado Plaza, previa solicitud por su parte, fuera considerado como perceptor de la prestación por desempleo, percibiendo desde la fecha del despido hasta su nuevo nombramiento como asesor del grupo municipal del PSC, un total de 6.486,96 euros en tal concepto.