La Mesa del Parlament rechaza grabar las reuniones pese a la presión del PSC

Las polémicas se encadenan en el Parlament bajo la batuta de la presidenta Laura Borràs. El escándalo desatado por las licencias por edad, una suerte de prejubilación que cuesta 1,7 millones de euros; los trienios de los funcionarios, las peticiones de informes de los letrados y los choques con la secretaria general, junto a la suspensión del 'caso Juvillà', arrecian ya en un conflicto que continúa semana tras semana.

Por la falta de transparencia y las desconfianzas mutuas, el PSC solicitó que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces de la Cámara catalana fueran todas grabadas, pero la mayoría lo rechazó: "Ya que no hacen informes jurídicos, debemos poder acudir a esa grabación y ver qué se dijo exactamente en cada encuentro", ha espetado la portavoz Alícia Romero. La gota que ha colmado el vaso es el veto de la Mesa a permitir la solicitud de un informe sobre la constitucionalidad de la ley antidesahucios que habían pedido Cs y PPC y la posterior negativa de los servicios jurídicos a elaborar un informe sobre si se podía rechazar o no esta petición.

A juicio de los socialistas, esto se lleva al límite por el hecho de que los grupos parlamentarios no puedan pedir informes directamente a los letrados y que, pese a estar en la Mesa, los pronunciamientos jurídicos suelen expresarse ahora de forma "oral", pero no sobre papel. Por eso intentarán que haya una reformulación del reglamento en este sentido.

La petición de que se graben estas reuniones no es nueva. Antes de 2017 se llevaba a cabo, pero ahora la oposición pulsa este botón para dilucidar qué se expone realmente puertas adentro y ver si difiere de lo que se dice públicamente, además de poder custodiar el cumplimiento de los acuerdos. Las actas son escuetas y no recogen el debate, sino que sólo plasman los pactos finales.