La secretaria general del Parlament retira las funciones que atribuyó al letrado mayor

Un nuevo choque entre altos cargos del Parlament se acumula ya a los episodios de tensión, discrepancias y recelos desatados entre funcionarios tras desvelarse que la institución gasta 1,7 millones de euros en las polémicas licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que podían acogerse aquellos empleados que tuvieran 60 años y que llevaran más de 15 en la Cámara catalana.

La secretaria general, Esther Andreu, decidió el miércoles retirar las competencias que cuando fue designada atribuyó al letrado mayor, Miquel Palomares, y a su predecesor en el cargo y ahora letrado, Antoni Bayona, después de que encadenaran varias discusiones sobre el informe jurídico que encargó la Mesa el 18 de enero para analizar si se pueden retirar las licencias de edad a los funcionarios que ya las tienen concedidas, eso es, a los 21 empleados que ya las cobran y a los 12 que la solicitaron en 2021 pero a quiénes todavía no se les abona. Las dudas sobre si esta paga responde o no a derechos consolidados de la plantilla arreciaron con fuerza después de que el Parlament aprobara suprimir el artículo que las regula sin negociar con el cuerpo funcionarial.

Un borrador y un informe final

Andreu, que cuando asumió el cargo distribuyó algunas de sus competencias propias (a Palomares, la dirección de los servicios jurídicos; y a Bayona, la asistencia y el asesoramiento jurídico especializado a la Mesa y Junta de Portavoces), dictó al letrado mayor que se encargara de redactar su parecido sobre las licencias ya concedidas. Su postura era que las licencias por edad no eran un derecho consolidado. Pero esto no convenció a Andreu y, según varias fuentes parlamentarias, tras una reunión de la junta de letrados celebrada la semana pasada, ordenó a otro letrado, Ferran Domínguez, un nuevo informe, que fue registrado en el Parlament pero que no se incluyó en el orden del día de la Mesa del pasado miércoles. Esto provocó el enfado de Palomares, que se vio "totalmente desacreditado".

Según fuentes parlamentarias, Andreu lo hizo para recabar todas las opiniones jurídicas sobre el asunto, pero finalmente la conclusión que acaba en el registro es que retirar la concesión de la paga puede contravenir la normativa y poner en jaque la seguridad jurídica de los empleados, que ya han puesto en manos de abogados esta decisión. 

"En el fondo, lo que hay es una pérdida de confianza. Llevamos muchos meses viéndoles enfrentados", apunta un diputado. Fuentes presentes en la Mesa del miércoles aseguran que hubo una "gran bronca" entre Andreu y Palomares, y que las versiones son "totalmente contradictorias".

Por la tarde, Andreu redactó la retirada de las atribuciones que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial del Parlament. Fuentes cercanas a la secretaria general, defienden que ella "simplemente" recupera las competencias que le son propias porque "no han sido entendidas ni ejercidas como ella esperaba". La Mesa ya ha solicitado que en el próximo encuentro se exhiban todos los informes.