La fiscalía afirma que los contratos del AVE a La Meca eran "calculadamente ambiguos", como los que ocultan comisiones

Los decretos de la fiscalía despejan el futuro judicial en España del rey emérito, porque descartan la posibilidad de presentar una querella en los tribunales con visos de prosperar, porque o no se puede acreditar que cometiera delito o, como ocurre especialmente con los fiscales, han prescrito o se produjeron cuando estaba protegido por la inviolabilidad que le confería la jefatura del Estado. Sin embargo, a la vez, deslizan comentarios que dejan en muy mal lugar la reputación que atesoraba por su papel en la transición y el golpe de Estado.

Las pesquisas contra Juan Carlos I se iniciaron precisamente por los 64,8 millones de euros que recibió y que se relacionaron con un presunto pago de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. Los decretos dicen que "no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente el pago de comisiones cuyo destino último haya sido retribuir a las autoridades o funcionarios públicos responsables del proyecto de adjudicación".

La fiscalía acredita irregularidades del rey Juan Carlos pese a exonerarle

Pero justo antes también afirma esto: "A nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato".

Se refiere, por ejemplo, al firmado con Shahpari Azzamy Zanganeh, a la que Juan Carlos comisionó a través de una carta "para poder realizar gestiones" ante el príncipe Bin Abdul Aziz. El contrato que ella firmó por sus servicios con las empresas era equivalente al 2% del valor contractual del proyecto; luego se modificó a una comisión fija de 95.788.435 euros, de los que cobró parte. Con anterioridad al contrato firmado con Zanganeh, que sigue siendo investigada por Anticorrupción, las empresas que conforman el consorcio hispano-árabe habían firmado otro similar con el príncipe Abdulaziz Bin Mishal por otros 120 millones de euros.

Cohecho, corrupción y fiscales

La fiscalía determina que no hay indicios suficientes para descartar que los 65 millones de euros fueran un regalo de la monarquía saudí, sino un delito de corrupción en los negocios. La propia Corinna Larsen, que fue quien los acabó recibiendo de quien fue su amante, declaró que le habían dicho que fueron una comisión a través del pago de un empresario español, "con lo que ambas hipótesis resultan incompatibles entre sí", entiende el ministerio público.

La fiscalía reproduce el recorrido que corrió el dinero saudí, que se ingresó en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum para ocultárselo al fisco español 65. Considera que recibirlos es enmarcable en un delito de cohecho pasivo impropio, por tratarse de cargo público como es el jefe del Estado, pero no lo ve perseguible, porque estaría prescrito y protegido por la inviolabilidad. Y en las mismas circunstancias está el cobro de 1,7 millones por parte del sultán de Bahrein.

El decreto cuantifica las cinco cuotas fiscales que no pagó y determina que la única no prescrita es la de 2012, pero no se puede perseguir porque era la inviolabilidad. Por el primer ejercicio del 2008 debía haber pagado 53 millones, si lo hubiera declarado como donaciones, y 28, de hacerlo como renta. En el de 2012, como IRPF, debería haber pagado 561.059 euros.

Añade que su conducta en relación con esta cantidad "se trataría de un acto de ocultación o encubrimiento del regalo, en su caso, indebidamente aceptado", lo que inicialmente permitiría entender que se cumplen los requisitos del delito de blanqueo o "autoblanqueo", pero a continuación añade que falta el requisito del origen delictivo del dinero recibido y recuerda que lo habría cometido mientras era inviolable.

Lo que no plantea dudas es que debió tributar como donaciones las 22 transferencias que hizo el empresario Allen Sanginés Krause en tres años para nutrir las tarjetas con las que pagaba sus gastos, así como los vuelos y hoteles millonarias que le proporcionó la Fundación Zagatka. Los delitos fiscales en los que incurrió los neutralizó con sus regularizaciones fiscales.

Donaciones

Quizá por eso el tono acusatorio del fiscal se relaja en estas partes de estas diligencias, en las que analiza las regularizaciones fiscales que hizo Juan Carlos I. Los informes de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) afirman que el emérito debió tributar como donaciones los pagos que realizaron él y familiares próximos con las tarjetas a nombre de quien era su ayudante de campo en 2007, Nicolás Murga, y nutridas con las transferencias por 516,6 millones del empresario Allen Sanginés Krause, quien también le pagó servicios sanitarios por 95.365 euros y viajes por 471.673.

Son 22 donaciones, todas ellas de un importe inferior a los 120.000 euros necesarios para que haya delito, a lo largo de tres años. La conclusión es que el emérito hasta ingresó 19.696 euros de más, porque para evitar problemas también pagó por aquellas por las que por prescripción no se le podía exigir responsabilidad administrativa.

Solo pendiente las armas

En cuanto a los vuelos y alojamientos que le pagó la fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, el decreto declara saldada la deuda con Hacienda con la regularización que presentó en febrero del año pasado para compensar otros cinco ejercicios fiscales, a partir de la que, dice, se conocieron estos ingresos que no había declarado con anterioridad. Lo único no cubierto por la regularización fueron las armas que le compró Zagatka. "El precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros, más el 21% de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros", concluye el fiscal.

El decreto niega que la regularización se produjera después de conocerse que se investigaban estos pagos por cuenta de esta fundación, constituida en 2003 y que en 2006 incluyó a Juan Carlos como tercer beneficiario de los fondos, condición en la que aparecían otros miembros de la Familia Real hasta 2018.

Casi 15 millones

El segundo decreto fiscal procede al archivo de las terceras diligencias abiertas al emérito, las relativas a los fondos de casi 15 millones localizados en el paraíso de Jersey. El ministerio público explica que no detecta disposición de fondos por su parte, aunque en un momento dado se previó que hubiera un tercer beneficiario de los fondos entre quienes cesaran de la jefatura del Estado.

La decreto señala que el trust JRM 2004 fue constituido entonces por el historiador Joaquín Romero Maura y que se nutrió con los fondos de otros dos, Tartessos y Hereu, constituidos por el condenado en el caso KIO Manuel Prado y Colón de Carvajal con donaciones de los años 50 y 70 para apoyar a la monarquía española. Añade que, según declara el encargado de velar por el trust, fue Prado quien convenció al rey para disolverlos ante la estabilidad política de España en 2004 y la boda del entonces heredero, el actual Felipe VI.

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