El Supremo no revisará los indultos a los presos del procés

El camino judicial de los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve presos del 'procés' ha quedado totalmente despejado con la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de no entrar a analizar la legalidad o no de las medidas de gracia a los líderes del 1-O. El asunto se rechaza de plano por falta de legitimación activa de Vox, del PP, de los dirigentes de Ciudadanos y del resto de recurrentes, aunque la decisión no ha sido unánime porque dos de los miembros de la Sala han votado en contra, según manifiestan a El Periódico de España, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, fuentes del alto tribunal.

Los recurrentes eran Convivencia Cívica Catalana; los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra; Vox; el PP; los diputados y exdiputados del PP Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Milián y Lorena Roldán; el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo; y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Entre todos sumaban un total de 63 recursos.

PP y Vox han anunciado este mismo jueves que piensan recurrir la decisión ante la misma sala del Supremo y, posteriormente, pedirán amparo al Tribunal Constitucional por lo que consideran una "inacción" del Supremo ante los indultos a los presos del 1-O. Los populares subrayan que la falta de legitimación "no pone ni un pero" a la crítica política de actos "tan aberrantes" como los cometidos por "unos delincuentes".

El Supremo sometió el asunto a una deliberación que ha concluido este jueves con el análisis de las alegaciones previas formuladas por la Abogacía del Estado en cada uno de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los reales decretos de indulto, que han sido admitidas por tres votos frente a dos. El contenido íntegro de los autos que debe redactar a hora la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, que es a la que ha correspondido el asunto, se conocerá en los próximos días, ha informado el alto tribunal.

El precedente de Delgado

Así, la Sala del Supremo que se encarga de revisar las decisiones del Gobierno vuelve a pronunciarse en contra del intento de la oposición para tumbar en los tribunales determinadas decisiones del Gobierno. El pasado 19 de octubre ya lo hizo en el caso de los recursos que PP y Vox presentaron contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, señalando igualmente que los partidos políticos no estaban legitimados para impugnarlo.

Al argumento de la falta de legitimación se unía en este asunto la jurisprudencia de la propia Sala, que siempre ha sido proclive a respetar las decisiones del Ejecutivo sobre la medida de gracia siempre que estén suficientemente motivadas. 

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestó en una de las primeras entrevistas que concedió tras tomar posesión del cargo que era "bastante improbable" que el Supremo anulara los indultos que han propiciado la salida de prisión del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, lo que le valió reproches por parte de todos los partidos en la oposición.

El asunto de la legitimación estaba pendiente desde la interposición de los indultos, e incluso Ciudadanos pretendió, sin éxito, que la cuestión se abordase al mismo tiempo que se resolvían las medidas cautelares dirigidas a dejar en suspenso la medida de gracia mientras se resolviera sobre el fondo. Todas la medidas cautelarísimas y cautelares planteadas al respecto fueron rechazadas, y la cuestión sobre la legitimación se ha resuelto unos meses más tarde.

Equidad pública

Los expedientes de indulto, aprobados por el Consejo de Ministros siendo titular de Justicia Juan Carlos Campo, destituido en la crisis de Gobierno del pasado verano, se resolvieron favorablemente para los presos por razones de equidad pública y se fundamentaron ampliamente.

Entre los argumentos dados por el equipo de Campo estaba la idea de que la prisión de los nueve condenados por sedición que aún cumplían antes de finales de junio suponía un "claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década". En cada uno de los expedientes se añadía, además, una valoración por el Gobierno del papel de cada uno de los indultados en la escena política catalana, y su papel en el "devenir de las relaciones entre España y Cataluña".

En cuanto a los recurrentes, en el caso de Ciudadanos tanto Arrimadas como los dos exdiputados que recurrieron la medida de gracia basaban su legitimación en que ellos, de forma personal, eran quienes estaban "en primera fila" --los tres eran diputados en el Parlament en 2017-- cuando "a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum". Esta vía fue 'copiada' posteriormente por varios parlamentarios y exparlamentarios autonómicos del PP.