El incierto futuro judicial de los recursos contra los indultos del 'procés'

La impugnación del real decreto en el que se concede un indulto corresponde a la Sección Quinta de la Sala Tercera del Supremo, y la jurisdicción Contencioso-Administrativa plantea particularidades frente a la Penal. Entre esas características propias figura que para poder actuar ante ella hay que tener legitimación.

Interés legítimo

Con carácter general, los partidos políticos no están legitimados para recurrir la acción del Gobierno. El artículo 19 del Código de lo Contencioso, que detalla quién puede actuar ante ella, ni siquiera los menciona, mas allá de su apartado 1, que recoge a "las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo". Eso implicaría que el PP solo podría impugnar la concesión del indulto, una vez se conceda, si puede acreditar que "ostenta ese interés legítimo". De ahí que varios de los magistrados vean complicado que finalmente puedan presentar la impugnación.

Pese a ello, el presidente del PP, Pablo Casado, lleva días dando por hecho que impugnará la medida de gracia. Según fuentes de la dirección del partido, cree que el “interés general” le permitirá hacerlo y ha puesto a sus asesores jurídicos a preparar la argumentación. El PP considera que, “sin arrepentimiento” de los dirigentes del 1-O y los informes en contra del tribunal sentenciador y de la fiscalía, Pedro Sánchez está pagando “el pacto oculto” con los independentistas “para seguir en el poder”, informa Pilar Santos.

La posición del partido coincide con lo manifestado por otros magistrados, que recuerdan el importante papel que la Constitución concede a los partidos políticos. De ahí que pongan en duda que no puedan impugnar. Sostienen que no tendría sentido que la sentencia de 2013 que anuló el indulto a un conductor kamikaze facultará a ejercer un control sobre la discrecionalidad del Gobierno y luego no se permitiera ejercerlo, al no aceptar que se presentara un recurso.

Acusación previa

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En cualquier caso, ese interés legítimo es más fácil que de acreditarse por parte de Vox al haber sido acusación popular, señalan los magistrados consultados, que añaden que con los que no habría duda alguna sobre legitimación sería con colectivos o ciudadanos catalanes que pudieran presentarse como víctimas de los delitos por los que los indultados fueron condenados.

Eso justificaría sin ninguna duda que formularan la impugnación. Y con los contundentes argumentos de la Sala de lo Penal para rechazar la medida, será difícil que el Ejecutivo pueda argumentar las razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión.