Justicia

Alberto Rodríguez pide al Constitucional que le restituya en el escaño y carga contra Batet

El recurso firmado por el abogado Gonzalo Boye solicita al órgano de garantías la nulidad del acuerdo dictado por la presidenta del Congreso y la "suspensión urgente" de sus efectos mientras se estudia el fondo

Alberto Rodríguez pide al Constitucional que le restituya en el escaño y carga contra Batet
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Cristina Gallardo

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el acuerdo dictado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que le privó de su escaño el pasado mes de octubre en aplicación de la sentencia dictada contra él por el Tribunal Supremo por un delito de atentado contra la autoridad.

Además de la nulidad del citado acuerdo, que considera vulnera sus derechos fundamentales, el documento de 93 páginas al que ha tenido acceso El Periódico de España solicita la "urgente suspensión cautelar" de la medida acordada por lo que considera un acuerdo "dictado arbitrariamente" por Batet y la restitución de Rodríguez en su escaño.

Rodrígez fue condenado por el Supremo, que le juzgó en su calidad de aforado como diputado de la formación morada y le condenó a 45 a días de cárcel que se sustituyeron por multa- y el mismo tiempo de inhabilitación por un dar una patada a un policía. Los hechos del delito se remontan a 2014, cuando Rodríguez participó en una protesta contra la Ley Wert en La Laguna (Tenerife).

En el recurso, la defensa de Rodríguez señala que en este caso se han producido ya "enormes perjuicios que son de imposible reparación" y recuerda que "todos los precedentes del Tribunal Constitucional en supuestos análogos -siempre referidos a ejecución de condenas penales y no a la privación directa del escaño de un diputado-, han acordado la suspensión de la medida de privación de representación política. Por ello invoca expresamente el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley.

Por otro lado, pide que el asunto se dirima en una vista pública -algo de lo que apenas existen precedentes en el tribunal de garantías - en aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Este recurso, según fuentes de la defensa consultadas por El Periódico de España, se unirá al que Rodríguez presentará en los próximos días contra la condena que el impuso el alto tribunal, por lo que el TC tendrá que dictar dos resoluciones diferentes respecto a lo ocurrido con el que fuera secretario de Organización de Podemos

El "salto al vacío" de Batet

El escrito carga duramente contra la actuación de Batet al afirmar que, a la hora de dictar la resolución que expulsó a Rodríguez de la Cámara baja el pasado 22 de octubre se extralimitó en sus funciones de forma "unilateral e infundada". "Se trataba única y exclusivamente de que informase cuándo había quedado inscrita la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo", es decir para poder presentarse a una elección, a juicio de la defensa.

"Ni más ni menos que eso y, a partir de ahí, quien dice ser profesora de Derecho Constitucional en una Universidad, de cuyo prestigio no dudamos, se procede a acordar la privación del escaño de diputado de mi representado", añade el recurso

A juicio de esta parte, el "salto" realizado por la presidenta del Congreso, "movida por vaya uno a saber que fuerzas o razones, es demasiado grande como para tener encaje constitucional; se trató de un salto al vacío arrastrando en dicha caída los derechos fundamentales" del diputado "y de todos los votantes canarios que le confiaron sus respectivas representaciones".

Para la defensa, el Tribunal Supremo sólo solicitó a Batet la fecha en que comenzaba a cumplirse los 45 días de prohibición de presentarse a cualesquiera elecciones. "Ella desoyó el informe de sus letrados e interpretó, como quiso, lo que le solicitó el Tribunal Supremo que, por lo demás, es justamente lo que acordó la Junta Electoral Central en su acuerdo de 27 de octubre", recuerda.

Concretamente, apunta a que la resolución del 22 de octubre se adoptó sin ninguna motivación, más allá de decir que se basa en la propia sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el artículo 6 de la Ley Electoral, que regula los supuestos de inelegibilidad de los condenados a penas de inhabilitación. 

Pena más lesiva que la del Supremo

Añade que Batet, creó "una nueva pena, no prevista en la ley ni prevista en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo" que es además "mucho más lesiva" tanto en sus efectos como en su duración. Se adoptó además por la presidenta de la cámara baja sin "sin seguir ningún tipo de procedimiento previamente establecido" y sin tener competencias para ello, apartándose de las conclusiones de un primer informe emitido por los Letrados del Congreso.

"En resumidas cuentas, no existe ninguna norma que ampare lo realizado por la señora Batet y sí que existía una norma que permitía - si ella la hubiese comprendido y hubiese antendido su criterio de sumisión a una sentencia que no le ordenaba hacer nada de lo que hizo- solventar la situación", agrega el recurso. Se refiere a una eventual medida de suspensión de funciones durante los 45 días de condena, que la defensa de Rodríguez considera "más proporcional que la desmesurada e ilegal decisión" por la que se privó al diputado morado de su escaño.

Entre los numerosos precedentes del recurso, y pese a no encontrar supuestos idénticos, la defensa del exdiputado de podemos cita un auto del pasado 28 de octubre por el que el TC dejaba en suspenso la repetición por el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso Bateragune contra el líder de Bildu Arnaldo Otegi mientras se resuelve el recurso de amparo presentado contra la primera de las condenas.

COMUNICADO DE RODRÍGUEZ

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En un comunicado, Rodríguez califica su condena de "montaje policial para criminalizar la protesta social", e insiste en que el Supremo firmó una sentencia judicial sin pruebas que acabó resultando "una maniobra política con muchos actores implicados" que tuvo como consecuencia que la voluntad democrática de decenas de miles de canarias y canarios fuera cercenada". Añade que ya anunció que "iba a llegar hasta el final, con el objetivo de revertir "esta cadena de cacicadas arbitrarias".

Dice también que no parará "hasta que se haga justicia" y que considera esta batalla es "desigual", pues no cuenta "con los ingentes recursos de la otra parte". "Pero tengo algo que no pueden comprar ni con todo el oro del mundo: La solidaridad de miles de personas que han expresado públicamente su indignación ante este atropello", por lo que da las gracias a todas ellas. "En procesos de represión como este, muchas caretas caen. A pesar de las dificultades, seguiremos adelante. Caiga quien caiga", finaliza el comunicado.