Una tramitación complicada

El PSOE intentará arrastrar a ERC a la abstención para sacar adelante la ley de memoria democrática

  • Los socialistas buscarán reeditar la fórmula que permitió la investidura de Sánchez: el apoyo de los pequeños partidos y la abstención de los republicanos

  • ERC advierte de que no transigirá fácilmente porque es una materia "nuclear", y anticipan que no les temblará el pulso para votar que no, como ocurrió en 2007

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrecha la mano del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el patio de la Cámara baja, tras la votación de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el pasado 4 de noviembre de 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrecha la mano del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el patio de la Cámara baja, tras la votación de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el pasado 4 de noviembre de 2021. / EFE / MARISCAL

10
Se lee en minutos
Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

Escribe desde Madrid

ver +

Al menos, la abstención de Esquerra Republicana. El Gobierno persigue eso, al menos eso, para poder sacar adelante la ley de memoria democrática. El Ejecutivo es consciente de la posición de máximos que defiende, y que siempre ha defendido, la formación independentista, y sabe que conducirla hacia el apoyo al proyecto puede ser una operación titánica, casi imposible, de modo que si lograra desplazarla hacia la abstención —y convenciera, claro, a los partidos minoritarios que suelen respaldar las iniciativas de la coalición—, podría salvar una de las medidas más señeras de la legislatura. En definitiva, los socialistas pretenden reeditar la fórmula que permitió la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020. Sin embargo, los republicanos ya advierten de que no se moverán del no si el Ejecutivo no da pasos en la dirección que piden, y anticipan que no tendrán reparo en volver a votar en contra, como hicieron en 2007 con la ley de memoria histórica que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero.

En el arranque de la legislatura, el bipartito se planteaba enmendar, precisamente, la norma de hace 14 años, pero después la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, optó por una alternativa más ambiciosa pero también de mayor riesgo: tramitar una nueva ley. En septiembre de 2020, el articulado llegó al Consejo de Ministros en primera lectura y aterrizó por segunda vez, con los dictámenes de los órganos consultivos en la mano, el pasado julio, con Félix Bolaños como titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Tras superar la votación de totalidad —ERC presentó una enmienda de devolución con texto alternativo—, los grupos redactaron las enmiendas parciales. El registro se cerró el pasado miércoles, y desde entonces no se ha disipado la muralla que, por ahora, separa a socialistas y morados (con diferencias entre ellos, por cierto) de los republicanos. Tan alta que la cúpula del PSOE no las tiene todas consigo y no descarta que finalmente su proyecto se estrelle.

La ley de memoria no tiene carácter orgánico. Es ordinaria, lo que significa que requiere de mayoría simple para ser aprobada. Más síes que noes. PSOE (120), Unidas Podemos (34) —aún no se ha cubierto la vacante que dejó el canario Alberto Rodríguez—, PNV (6), Más País-Equo (2) y Compromís (1) suman 163 diputados. Las derechas de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9), Unión del Pueblo Navarro (2), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1) controlan 153 escaños, aunque en la cuenta podrían añadirse los cuatro parlamentarios de Junts. El Gobierno necesitaría, por tanto, que ERC (13), EH Bildu (5) y el BNG (1) se abstuvieran. Pero otras pequeñas formaciones también juegan, como el Partido Regionalista de Cantabria (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) —habituales socios de Sánchez— o el PDECat (4), que suele contemporizar con el Ejecutivo y es más flexible que JxCat. La CUP (2), en cambio, se suele apuntar al frente contrario al Ejecutivo. La investidura del presidente salió adelante por escasísimo margen: dos votos, 167 a 165 y 18 abstenciones, las de republicanos y la izquierda 'abertzale', que acostumbran a coordinar su posición.

La de memoria es una ley ordinaria, no orgánica, por lo que requiere de más síes que noes. El bipartito podría asegurarse unos 163 diputados, por los 153 de la derecha

La estrategia negociadora que seguirá el Gobierno, según subrayan desde el entorno de Bolaños, es "hablar con todos los grupos" para ir arañando apoyos que permitan construir ese necesario consenso para que la norma tenga viabilidad. Pero, obviamente, continúan explicando a este diario en la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, la fórmula que se empleará es la de amarrar los apoyos de los socios habituales del Gobierno para, como poco, atar la abstención de ERC. Quizá también la de Bildu, aunque hay fuentes en el partido y en el Ejecutivo que ven más sencillo que los independentistas vascos pasen al sí. Pero el respaldo de sus cinco diputados sería insuficiente si ERC no se apea del no.

Choque entre los socios

Documento

Enmiendas de ERC a la ley de memoria democrática

Enmiendas de ERC a la ley de memoria democrática

Es decir, que todo pasa ahora mismo por la decisión de los republicanos, porque el acercamiento de Ciudadanos se da por imposible. Edmundo Bal, el número dos de Inés Arrimadas en el Congreso, pidió al Ejecutivo que ni le llame mientras no retire la enmienda que pactaron los socios de la coalición que orientaba la interpretación de la ley de amnistía de 1977, en el sentido de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son "imprescriptibles y no amnistiables". Algo que, para los morados, abre la puerta a acabar con la "impunidad" del franquismo. Bolaños negó esa lectura: el régimen legal, dijo el jueves, "no cambiará".

Bolaños pide a los grupos buscar un "punto de equilibrio" para que España alcance el nivel que merece como democracia plena. ERC insiste en sus demandas

El ministro compareció este viernes en la Comisión Constitucional del Senado, donde desgranó las líneas generales de la política de su departamento. Entre ellas, la ley de memoria, y allí aprovechó para pedir a ERC y al resto de grupos a dialogar en torno al articulado, buscar "enmiendas" y "transacciones" para buscar un "punto de equilibrio" para que España alcance el nivel que merece como democracia plena, informa EFE. El senador republicano Josep Maria Reniu repasó, sin embargo, las carencias que su grupo observa en el proyecto: reclama la declaración de ilegalidad del régimen franquista, que se permita el resarcimiento económico a sus víctimas y que se derogue parcialmente la ley de amnistía, que fue apoyada amplísimamente el año de su aprobación: 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones (las de Alianza Popular) y uno nulo.

ERC demanda, en concreto, que se eliminen los dos puntos del texto de 1977 que han sido utilizados para bloquear las investigaciones contra los torturadores de la dictadura, los apartados e) y f) del artículo 2. Los que perdonan los "delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público" con motivo de la persecución de actos políticos o contra "el ejercicio de los derechos de las personas".

Para los socialistas, la línea roja más clara es esta, justamente: la negativa a tocar la ley de amnistía es rotunda. Recuerdan, como hace Unidas Podemos, que fue una conquista sobre todo de la izquierda frente al "búnker franquista" que no quería que llegara la democracia "ni siquiera" después de la muerte del dictador, en palabras de Enrique Santiago, líder del PCE, negociador de los morados y secretario de Estado de Agenda 2030, este viernes en RNE. El PSOE reivindica la norma, el legado de la Transición, la Constitución y los tratados internacionales. "Tendremos que utilizar alguna carta en la negociación para encajar las peticiones de los grupos, pero tenemos claro que no nos vamos a mover de esa negativa a derogar parcialmente la ley de amnistía", insisten en la cúpula socialista, posición que ratifican en el Ejecutivo. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya ha hecho algunos primeros contactos exploratorios con los grupos, pero ahora las conversaciones las comandarán Bolaños y su número dos en el ministerio, Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, además de Santiago por la parte morada.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a su llegada a la Comisión Constitucional del Senado, este 19 de noviembre de 2021.

/ EFE / DAVID FERNÁNDEZ

El antecedente de 2007

En Unidas Podemos se percibe un mayor optimismo, aunque también son conscientes de los impedimentos que, a su juicio, pone ERC. "Ellos están jugando a otra cosa. Nosotros también tenemos claro que no queremos cuestionar la ley de amnistía, porque si la tiramos abajo es como decir a los jueces que lo han estado haciendo bien todos estos años, cuando se amparaban en ella para no investigar, y no es así", apuntan desde el ala morada del Ejecutivo.

En Unidas Podemos se percibe un mayor optimismo, y señalan, como el PSOE, que no hay que tocar la ley de amnistía, que fue una conquista de la izquierda "contra el búnker franquista"

Desde el grupo de ERC en el Congreso, que dirige Gabriel Rufián, subrayan que "no es cierto" que su abstención esté más al alcance de la mano: "No pasará a no ser que se muevan. No contemplamos ir a la abstención para evitar que así la ley naufrague. Para nosotros es un tema nuclear. Hace 14 años [con la ley de memoria histórica de Zapatero] votamos en contra solos y si hace falta ahora lo volveremos a hacer". En aquel momento, el Gobierno socialista sacó adelante su proyecto con el apoyo de IU-ICV, CiU, PNV, BNG, Chunta y Coalición Canaria. Los republicanos se alinearon con el PP en el no. En la cúpula del partido en Madrid ya advierten al PSOE de que "no cuela" que les acusen de votar esta vez del lado de populares y Vox. Porque su posición, esgrimen, es la de siempre, y de hecho quien pilota las conversaciones es el mismo interlocutor de antaño, el hoy exportavoz en la Cámara baja Joan Tardà.

Noticias relacionadas

Los socialistas buscarán convencer a ERC, aun siendo conscientes de las dificultades. Y respecto a la comparación con lo que pasó en 2007, en la Moncloa señalan que entonces los independentistas pudieron rechazar el proyecto "porque sabían que saldría aprobado", y ahora la aritmética es más adversa para el Gobierno. Pero en el PSOE saben también que esta podría ser la oportunidad para ERC de asestar una bofetada al Ejecutivo sin riesgo de que caiga. Por el momento, queda mucha tramitación por delante, sin que haya un plazo final. Los tiempos se pueden alargar en las Cortes tanto como necesite el Gobierno y aún no ha comenzado la negociación formal con los grupos.

Enrique Santiago acusa a Bolaños de "confundir" con la ley de amnistía

La interpretación de la enmienda que firmaron juntos PSOE y Unidas Podemos sigue en el centro del debate. Este viernes, en RNE, Enrique Santiago, negociador de los morados, apuntó que el ministro Félix Bolaños podría explicar mejor esos cambios consensuados. Así, acabar con la "impunidad" del franquismo no significa "meter a nadie en la cárcel", porque ha transcurrido el tiempo y hay muchas formas de hacer justicia, informa Europa Press. Para el líder del PCE, las víctimas necesitan una "verdad judicial" y "mecanismos de reparación". "Eso es justicia, eso es acabar con la impunidad y creo que no se esta explicando correctamente", remachó. Y, para eso, la ley de amnistía "no es un obstáculo", sino una conquista democrática de la izquierda.


Santiago aseguró que hay "portavoces de fuerzas políticas" que "confunden" aspectos "que no vienen al caso", como la norma de 1977. Se refería, claro, a Bolaños, quien la víspera indicó que la enmienda "ratifica" la vigencia de la ley de amnistía. Ese no es el debate, a su juicio, sino si se acaba o no con la impunidad, como ha ocurrido en otros países que han operado transiciones "correctas", como en Sudáfrica.


El ministro de la Presidencia, durante su comparecencia este viernes en el Senado, rubricó el "compromiso absoluto" del Gobierno con la Carta Magna y sus valores y también con la Transición, un "ejemplo" histórico para el mundo. Además, Bolaños recordó al PP que no votó algunos de los títulos de la Constitución y se abstuvo con la ley de amnistía. No se lo iba a "afear", dijo, porque los partidos cambian y él no duda del "compromiso" de los conservadores con la Ley Fundamental.